1990 y 2026: dos crisis, una misma pregunta que el Perú no ha respondido.

Keiko Fujimori asume el poder en un país tan fracturado como el que heredó su padre. Treinta y seis años después, entendí que gobernar bien la economía nunca fue suficiente.

El 28 de julio, en pleno aniversario patrio, Keiko Fujimori jurará como presidenta del Perú. Lo hará con un margen de apenas 49,641 votos sobre su contendor, el más estrecho que recuerda la historia electoral reciente del país. Casi la mitad del Perú votó por ella y la otra mitad por su opositor Roberto Sánchez. Es la primera mujer elegida por voto popular para gobernar esta república de más de dos siglos, y asume en medio de una crisis que combina delincuencia, terrorismo urbano, minería ilegal y una polarización que parte al país casi en dos mitades exactas.

No pude evitar sentir, con este hecho, un extraño déjà vu: ese apellido, ese peso histórico cayendo sobre alguien que yo vi crecer desde la sombra de su padre. Porque hay algo en este momento que me devuelve, con una nitidez que no esperaba, a julio de 1990.

Cuando llegué a Lima con un país en llamas

Tenía veintiocho años cuando aterricé en Lima, con una gran vocación política y dispuesto a ejercer mi carrera como abogado. No sospeché que estaba a punto de entrar, casi por accidente, en uno de los momentos más críticos de la historia republicana del Perú. Alberto Fujimori acababa de asumir la presidencia. El país que recibía era, literalmente, un país en llamas: una inflación que había cerrado el gobierno anterior por encima del 7,600% anual y que en agosto de ese año treparía hasta un pico histórico de más de 12,000%, mientras el terrorismo de Sendero Luminoso, ya instalado en buena parte del territorio, amenazaba con cercar la propia capital.

Fui asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convocado por Luis Alberto Maraví Sáez, un hombre que se convertiría primero en mi mentor y después en mi socio profesional. Recuerdo con precisión el día en que me dijo que la única condición para trabajar con él era hacerlo por el Perú, especialmente por nuestros lugares de origen, tan postergados, ya que él era ayacuchano. En ese contexto, recuerdo también, con la misma nitidez, una reunión en Palacio de Gobierno donde conocí a Alberto Fujimori en persona, pocos días antes del ajuste que se conocería como el Fujishock. Lo vi escuchar, decidir rápido, y explicarle al Nuncio Apostólico —con quien yo había ido para gestionar un asunto legal— la magnitud de lo que se venía.

Ese ajuste macroeconómico fue obra de otras manos, mucho más arriba de donde yo estaba. Pero hay un terreno específico donde sí puedo reconocer mi propia huella, uno del que me siento genuinamente responsable: las telecomunicaciones.

Una reforma estructural de la que fui parte

Cuando empecé mis labores en ese ministerio, la situación era casi inconcebible para cualquiera que hoy tenga un celular en el bolsillo (hoy en día los teléfonos móviles superan al número de habitantes en nuestro país). En aquel momento, acceder a una línea telefónica era un privilegio: las listas de espera superaban los seis años y, en los avisos clasificados, una línea se vendía por más de tres mil dólares. La densidad telefónica del país apenas llegaba a 2.3 líneas por cada cien habitantes, muy por debajo del promedio internacional. La ley vigente consideraba las telecomunicaciones un recurso vinculado a la seguridad nacional, reservado exclusivamente al Estado, por lo que era administrado por dos monopolios: uno en Lima y Callao, y otro en el resto del país.

Recuerdo que, después de estudiar el tema, preparé un informe para Luis Alberto proponiendo un cambio radical de enfoque, y encontramos en el ministro Eduardo Toledo, y luego en Jaime Yoshiyama, la voluntad política para intentarlo. Se conformó un equipo interdisciplinario del que tuve el honor de ser secretario, y con el respaldo de juristas internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la OEA, además del apoyo del Banco Mundial, pasamos cerca de tres años reescribiendo por completo el marco legal del sector.

Lo que logramos fue tangible y medible: reemplazamos el fundamento de "seguridad nacional" por el de "servicio en favor del usuario", orientado a que más peruanos tuvieran acceso a mejores servicios y con tarifas asequibles; creamos un fondo, el FITEL, para llevar telecomunicaciones a las zonas donde el mercado nunca habría llegado por sí solo; terminamos con el monopolio estatal y abrimos el sector a la libre competencia; creamos OSIPTEL como organismo regulador independiente; y privatizamos las dos empresas estatales en lo que se consideró, en su momento, la operación más exitosa del siglo, por un valor de 2,200 millones de dólares. Ese modelo, además, terminó replicándose en energía, agua y transporte dentro del propio Perú, y en telecomunicaciones de más de una decena de países en América Latina, África, Asia y hasta en la Unión Europea.

Hay un detalle de esa historia que casi nadie conoce y que explica mejor que cualquier cifra por qué me involucré con tanta entrega. En esos años, para hablar con mi padre en Curahuasi, tenía que llamar a una telefonista que atendía con un teléfono de manivela en la municipalidad, dejar un recado, esperar que le avisaran, y confiar en que él pudiera esperar horas junto al aparato hasta que mi llamada, entre gritos e interferencias, finalmente entrara. Cada reforma que impulsábamos en esas oficinas de Lima tenía, en el fondo, el rostro de mi propio padre esperando una llamada que tardaba en llegar. Ese fue, siempre lo he sabido, el combustible más honesto detrás de mi trabajo técnico-jurídico.

El retorno de una misma pregunta

Podría pensarse que ahí termina la historia: un país que se ordena con reformas bien diseñadas. Pero la vida me llevó, veinte años más tarde, a comprobar que el problema no estaba resuelto del todo.

Durante el segundo gobierno de Alan García, fui convocado al directorio de Electro Sur Este, la empresa que llevaba electricidad a Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Fue un trabajo del que me siento genuinamente orgulloso: contribuimos decisivamente a que más de tres millones doscientos mil peruanos accedieran por primera vez a la luz eléctrica, en once mil doscientos pueblos. Encender una bombilla, igual que descolgar un teléfono, parece un gesto pequeño, pero para esas familias significó una puerta a la educación, a la salud, a la dignidad.

Sin embargo, mientras celebrábamos esos números, me sorprendió algo: la falta de reconocimiento generalizado hacia esa gestión. No era que la gente no valorara este servicio domiciliario fundamental. Había otra cosa, más difícil de nombrar, que determinaba esa falta de reconocimiento y que convertía en frustrante el logro. Ahí volvió a mí una pregunta que ya me había perseguido antes: ¿Qué es aquello que falta hacer para que estas personas perciban los beneficios y se genere un círculo virtuoso de desarrollo y visión conjunta de país? El progreso material de aquel gobierno fue real, cuantificable, importante, igual que lo fue la reforma de telecomunicaciones. Pero pareció no tocar algo más hondo en la conciencia colectiva de la gente.

Lo que se construye y lo que se siente por dentro

Con los años entendí que un país —igual que una persona— no se gobierna en una sola dimensión. Hay, al menos, cuatro capas que necesitan atención simultánea, no sucesiva.

Está lo que se construye: la economía, las carreteras, los aeropuertos, la minería formal, la energía, las telecomunicaciones, las leyes. Es lo que se mide, lo que aparece en los indicadores, lo que hoy hace que el Perú tenga una macroeconomía envidiable en la región. Nadie debería subestimar esto ni renunciar a ello: es la base sin la cual nada más es sostenible, y es, además, el terreno donde yo mismo puse mi mayor esfuerzo hace treinta y seis años.

Está también lo que se vive en el cuerpo: la salud, la educación, el agua, la electricidad, el teléfono, las condiciones concretas de cada persona en cada territorio. No basta con que el país crezca; hace falta que ese crecimiento se sienta en la vida diaria de cada familia, como se sintió cuando mi padre pudo, por fin, descolgar un teléfono sin esperar horas.

Está lo que nos une: el relato compartido, los valores comunes, el sentido de pertenecer a un mismo país más allá de quién ganó la última elección. Y esto es precisamente lo que hoy está roto.

Y está, por último, lo que se siente por dentro: si una persona se siente reconocida, respetada, tomada en cuenta, no solo como beneficiaria de una obra muchas veces decidida por otros, sino como parte activa de la construcción del país. Esta es, casi siempre, la dimensión olvidada.

Fujimori en 1990 y García en su segundo gobierno acertaron con fuerza en la primera capa, y en parte en la segunda. Fue necesario, fue un logro real del que formé parte con orgullo. Pero ninguno de los dos gobernó las otras dos con la misma intensidad. Y esa deuda, treinta y seis años después, sigue impaga.

Lo que se dice en el corazón de la sierra

En los últimos tiempos, he conversado sostenidamente con agricultores, taxistas y personas con distintos oficios, ubicados entre Cusco y Apurímac. A mi pregunta «¿Por qué vas a votar por el sombrero?», ellos han respondido unánimemente: «Porque es alguien como yo». No distinguen quién es el candidato, no les interesa la gestión ni el plan de gobierno. Hablaban de otra cosa: de la sensación, acumulada durante generaciones, de no ser reconocidos por quienes gobiernan desde Lima. Esa frase, repetida en boca de gente muy distinta, es la evidencia viva de lo que este artículo intenta nombrar.

Ese es exactamente el territorio pendiente. Y no se resuelve con una obra más, por necesaria que sea. Tampoco se resuelve indultando a Pedro Castillo, porque si bien él los representa, tiene también su propia agenda, que no necesariamente coincide con la de este sector del país. Se resuelve con gestos y actos más concretos y sostenidos: escuchar de verdad, no como trámite sino como mecanismo que efectivamente modifica decisiones; hacer presencia sin condescendencia, quedarse a conversar y no solo a inaugurar; nombrar sin rodeos el agravio histórico que ese Perú ha sentido, en lugar de tratarlo como un problema de comunicación; y que los rostros que ocupan los cargos de decisión también comuniquen que alguien parecido a esa gente tiene un lugar real en el poder, no solo en el discurso de campaña.

Los antiguos kuraqs o curacas, esos líderes andinos que estudié buscando comprender mi propia tierra, no elegían entre gobernar la cosecha o gobernar el alma de su comunidad. Eran, a la vez, administradores, consejeros, sacerdotes y, cuando hacía falta, guerreros. Gobernaban las cuatro capas a la vez, porque sabían que separarlas era condenar a su pueblo a la fragmentación.

Lo que le toca ahora

No creo que Keiko Fujimori tenga que elegir entre sostener el legado económico de su padre o atender la herida abierta de la mitad del país que no votó por ella. Creo que esa es una falsa disyuntiva, la misma que ya cometieron, cada uno a su manera, tanto su padre como Alan García. La huella que puede dejar —si es que quiere dejar una distinta— no está solo en construir más, sino en construir y, al mismo tiempo, integrar. En sostener los indicadores y, a la vez, sentarse a escuchar sin cámaras a quien la ve como una extraña.

Una pregunta para ti

Yo la aprendí a mi manera, reformando un sistema telefónico y electrificando pueblos que, después de todo, seguían sintiéndose no atendidos. Por eso te pregunto:

¿Alguna vez resolviste bien un problema para alguien —en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad— y aun así sentiste que esa persona seguía sin sentirse atendida por ti? ¿Qué fue lo que la solución no alcanzó a tocar, y qué habría hecho falta para que sí se sintiera reconocida?

Me encantaría leer tu respuesta.