¿Quién paga los errores del Estado?

Un terreno mal ubicado en el mapa muestra lo que cuesta digitalizar un trámite sin reformarlo.

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En lo que va del año, más de 326 mil peruanos entraron al visor gratuito de la SUNARP para ver su terreno en un mapa. Hicieron 2.6 millones de consultas, según informó El Peruano el 30 de septiembre. Desde el celular se busca el predio por su número de partida, su dirección o sus coordenadas, y el visor muestra su forma y permite descargar sus medidas. Cada consulta es una persona que quiere ver dónde empieza y dónde termina lo suyo.

El mapa promete certeza y a veces entrega una sorpresa. Conozco propietarios, en distintas regiones del país, cuyo terreno aparece corrido de lugar en la información registral: el terreno está donde siempre estuvo, el papel lo ubica en otro punto, y mientras ambos no coincidan no pueden venderlo. Corregir esa diferencia puede costar meses, dinero y paciencia, y en algunos casos deja al propietario expuesto a extorsiones de vecinos y de la corrupción de malos funcionarios. Cuando ese terreno es la casa de una familia o el único bien de un agricultor, un desajuste de coordenadas se convierte en una puerta cerrada.

La escala es nacional. El 23 de octubre de este año COFOPRI empezó a entregar en Cusco 1,127 títulos, algunos a familias que esperaron más de treinta años, mientras el Gobierno informa que más de dos millones de predios urbanos del país siguen sin título. Cada título entregado es una buena noticia, pero deja una pregunta abierta: ¿sabemos con precisión dónde queda el terreno que se titula? Un título con el predio mal ubicado promete más de lo que permite hacer.

Cuando el mapa y el terreno no coinciden

La explicación técnica es menos misteriosa de lo que parece. Un mapa se dibuja con un sistema de referencia, y el Perú ha usado más de uno. Cuando los datos pasan de un sistema a otro, los puntos se corren, como se corre un dibujo si se calca con otra regla. En agosto, ante un caso de Tarapoto, el Tribunal Registral reconoció esa posibilidad en la Resolución N.º 3884-2026-SUNARP-TR. Pidió distinguir entre un error del propietario y una diferencia técnica, y señaló que la segunda no debería impedir inscribir el título. Es el criterio de una sala y no una regla general, y apunta a lo esencial: un desajuste técnico y un conflicto de propiedad se parecen en el papel; pero, son cosas distintas.

El desajuste tiene raíces institucionales. Según un diagnóstico académico de 2021, el Perú tiene varios catastros con estándares distintos y ninguno a nivel nacional; en tanto que, el mapa del registro se reconstruyó a partir de títulos antiguos, muchos de los cuales sin planos. No se trata tanto de buscar un culpable; sino, de ver el costo de corregir esa herencia que recae sobre quien menos puede evitarlo. Esa es la pregunta del título.

Lo que aprendí con las telecomunicaciones

A comienzos de los noventa participé en la reforma jurídica de las telecomunicaciones. No nos limitamos a modernizar las empresas que existían: transformamos las reglas que organizaban el sector, abrimos la puerta a la inversión privada, a la competencia y a la innovación, y empezamos preguntando a quién debía servir todo aquello, con el usuario en el centro. Los resultados los conté en mi artículo anterior. Me interesa recuperar el método, que consiste en preguntarse por qué existe una regla antes de preguntarse cómo hacerla más rápida.

Hoy el Estado tiene herramientas que en los noventa eran inimaginables: un DNI digital con el mismo valor legal que el físico, cuyas reglas RENIEC aprobó el 1 de agosto de 2026, mapas satelitales, inteligencia artificial y blockchain. Hay dos maneras de usarlas. La primera lleva a la pantalla el trámite tal como era, con todos sus pasos, y el ciudadano hace el mismo recorrido con un teléfono en la mano. La segunda empieza por preguntar para qué sirve cada paso y quita los que ya no hacen falta.

La constitución de empresas muestra la primera manera. La plataforma de la SUNARP permite desde 2017 inscribir una sociedad en menos de un día, y el trámite siguió pasando por la notaría, con un número que el ciudadano imprimía y llevaba. El recorrido se aceleró y se conservaron todas las estaciones. La segunda manera cambia quién hace el trabajo. Si el Estado ya tiene tus datos y puede verificar tu identidad, deja de pedirte que se los lleves otra vez, y es él quien consulta, cruza y corrige lo que haga falta. El esfuerzo pasa del ciudadano a la institución, que es la que dispone de las herramientas para hacerlo.

Lo que ganaríamos

Si el desplazamiento de un terreno es técnico, el Estado puede corregirlo una vez para todos. Identificaría los desplazamientos que provienen de diferencias entre sistemas de medida y los rectificaría con un criterio público, notificando a los colindantes y dándoles un plazo para oponerse. El propietario iniciaría su propio procedimiento solo cuando exista una discrepancia que el sistema no pueda explicar. La garantía esencial, que quien pudiera resultar afectado sea notificado y pueda oponerse, se conserva, y cambia quién carga el costo de empezar. La inteligencia artificial ayudaría a detectar a gran escala los desplazamientos y las superposiciones, y a señalar los casos que merecen la revisión de una persona, que sigue respondiendo por la decisión.

El beneficio más inmediato sería para las familias. Una propiedad con coordenadas correctas puede venderse, heredarse y repartirse entre hermanos sin que un desajuste de origen técnico detenga la operación. La experiencia peruana de titulación sugiere que la propiedad bien definida abre oportunidades: un estudio de Field, Field y Torero sobre el campo peruano entre 1994 y 2004 encontró que los hogares que obtuvieron título tuvieron más probabilidades de pasar a cultivos de exportación, y que quienes lo hicieron tuvieron mucha menos probabilidad de ser pobres en 2004.

También ganaría el Estado. En 2021 la Contraloría contó 2,445 obras paralizadas por más de 18 mil millones de soles, y entre las causas que su titular señaló figuran los terrenos sin saneamiento físico o legal. Un mapa de predios confiable hace más corto el camino entre un proyecto aprobado y una obra en marcha, es decir, un colegio, una carretera o un puesto de salud que llegan antes a quienes los esperan.

Los municipios saldrían beneficiados por otra vía. El Perú recauda por impuesto predial el 0.2 % del PBI, según una cita de la OCDE en el diagnóstico de 2021, frente a un promedio latinoamericano de 0.4 % y de 1.1 % en los países de la OCDE. Un catastro al día permitiría a los gobiernos locales cobrar con justicia y financiar servicios. Un informe reciente del CIES observa que los recursos propios representan menos del 10 % del presupuesto local, y que ese incentivo contribuye a que se mantengan trámites costosos. Un municipio con recursos estables tendría menos razones para vivir de ellos.

Los emprendedores ganarían tiempo. El mismo informe estima que abrir una pequeña empresa cuesta entre 1,500 y 3,000 soles, y propone para las bodegas un piloto con ventanilla única y constancias automáticas, con la meta de pasar de 45 a 9 días. Cada día que se ahorra es capital de trabajo que un negocio nuevo conserva. La identidad digital hace posible algo parecido en la vida cotidiana. Estonia, que según su portal oficial tiene el 99 % de sus servicios en línea, sigue la regla de pedirle al ciudadano cada dato una sola vez, y eso evita el viaje a la capital de provincia para repetir una gestión.

Esas ganancias llegan solo si nadie queda fuera. El informe del CIES recuerda que el 40 % de las municipalidades carece de conectividad, y recomienda mantener la atención presencial en los Centros MAC mientras avanza lo digital. Reformar para quien tiene celular y señal sería construir otra brecha, y la reforma que planteo incluye a quien necesita ir en persona.

Hay un último beneficio, más difícil de medir. Un registro que conserva visible la historia de cada cambio dificulta el fraude y el tráfico de terrenos, y la blockchain puede contribuir a eso. La cadena protege lo registrado de alteraciones, y un dato mal medido queda registrado con la misma fidelidad, de modo que primero hay que medir bien. Cuando la gente confía en el registro, compra, vende y presta con menos temor, y esa confianza sostiene una economía.

Cada procedimiento podría someterse a tres preguntas. Qué riesgo previene. Si ese riesgo puede prevenirse de otra manera, con menos costo para quien no lo causó. Y cuando el sistema falla, quién paga. Los trámites que respondan bien las dos primeras seguirán, y la tercera aclara el reparto del costo mientras se hacen los cambios.

La pregunta pendiente

La reforma de las telecomunicaciones tuvo éxito porque cambió las reglas y no solo las máquinas. Con la tecnología de hoy, esa audacia sirve para algo más cotidiano que una industria: la manera en que una familia compra un terreno, abre un negocio o prueba que es quien dice ser. Conservar las garantías indispensables forma parte del método.

¿Qué ocurriría si nos atreviéramos a transformar la arquitectura jurídica y administrativa del Perú con la misma audacia con que transformamos las telecomunicaciones hace más de treinta años? Piensa en el último trámite que hiciste: ¿cuántas veces tuviste que demostrar quién eres, y qué dato te pidieron que el Estado ya tenía?

Con las telecomunicaciones construimos el país que somos ¿Estamos dejando pasar la oportunidad con la IA?

La reforma de los noventa se financió con capital privado y puso al usuario en el centro. La ley de IA tiene otro destinatario.

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El 10 de septiembre de 2026 venció el primer plazo del Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley 31814. Desde esa fecha, las empresas privadas que desarrollan o usan IA en salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas deben informar a sus usuarios para qué sirve el sistema y qué decisiones puede tomar, identificar los contenidos generados con IA y, si el sistema es de alto riesgo, permitir que una persona lo supervise y lo corrija. Son obligaciones de prevención que cada empresa debe cumplir y poder demostrar. El Estado no otorga una autorización previa general ni lleva un registro público de sistemas.

Leí la noticia con la memoria puesta en otro Perú. A comienzos de los noventa trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y participé en el equipo que, durante cerca de tres años, modernizó el marco jurídico de las telecomunicaciones. Quien quería una línea telefónica esperaba más de seis años, y en los clasificados se ofrecían por más de tres mil dólares. La ley de entonces consideraba las telecomunicaciones un recurso de seguridad nacional, y dos empresas del Estado tenían el monopolio de administrarlas.

Cuando la ley preguntó a quién servía

Cambiamos la pregunta. Dejamos de preguntar cómo custodiar un recurso estratégico y empezamos a preguntar a quién debía servir. Respondimos con una ley que convirtió las telecomunicaciones en un servicio público al servicio del usuario, y creó un regulador, OSIPTEL, encargado de velar por su satisfacción y de resolver sus reclamos. El régimen fue mixto: telefonía fija bajo concesión y reglas estrictas, e Internet con reglas de acceso mucho más ligeras, para dejarlo nacer y crecer sin estorbos.

El Estado no puso el dinero. Telefónica ganó la subasta de Entel y CPT en 1994 con una oferta de 2,002 millones de dólares, cuatro veces el precio base, y se comprometió a invertir casi tanto como pagó. El fondo que lleva servicios adonde el mercado no llega, FITEL, se alimenta de aportes de los propios operadores, y los operadores siguen invirtiendo con su propio capital. La revolución tecnológica de los noventa no la pagó el Tesoro Público: le dejó ingresos.

El efecto inmediato se midió en seis años: de 52 mil líneas móviles en 1994 a 1.3 millones en el año 2000. Lo que vino después lo sumaron las décadas siguientes, con la portabilidad numérica desde 2010 y la llegada de nuevos competidores en 2014. Hoy hay más de 42 millones de líneas móviles en servicio, y a fines de 2024 el 99.5 % de los hogares tenía al menos un servicio de telecomunicaciones.

Esa conectividad viajó con la economía. Las telecomunicaciones no explican por sí solas el crecimiento de esas décadas, y marcharon con él. Un estudio peruano sobre 2000–2021 encontró una correlación positiva entre inversión en telecomunicaciones y PBI, y el Banco Mundial estimó en 2010 que, en países de ingreso medio-bajo, cada diez puntos más de penetración de banda ancha aceleraban el crecimiento en 1.38 puntos. Entre quienes llevaron el servicio a los pueblos estuvieron cientos de pequeños operadores de cable, que sumaron televisión e internet donde las grandes empresas no habían llegado, y con ellos empleo local.

A quién sirve la ley de IA

Con esa experiencia hice a la ley de IA la misma pregunta de entonces: ¿a quién está dirigida? La Ley 31814 promueve el uso de la IA para el desarrollo económico y social, declara de interés nacional su fomento y designa a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM como autoridad. Busqué en sus artículos derechos que los usuarios puedan exigir y un mecanismo de reclamo, y encontré un ciudadano que figura como beneficiario de la política y ni siquiera como titular de derechos.

El Reglamento añade obligaciones, y las dirige a las entidades públicas y a quienes desarrollan o implementan sistemas. Al usuario le reconoce que se le informe antes de usar un sistema de alto riesgo y que se le explique el resultado cuando la decisión afecte derechos humanos. Si se siente perjudicado, puede alertar a la PCM o denunciar ante INDECOPI, la autoridad de protección de datos u otra entidad competente. El reclamo individual ante una autoridad que resuelva su caso, el derecho expreso a no ser objeto de decisiones automatizadas y una regla específica de reparación no aparecen en el texto. OSIPTEL nació para hacer justamente eso con los usuarios de telecomunicaciones.

Así leo el objeto jurídico: apunta al Estado que supervisa y a la empresa que debe demostrar que cumple. El usuario es el motivo de la norma, y la norma lo deja de espectador. A quien crea tecnología le ofrece laboratorios, un entorno de pruebas y acceso a computación en la nube, sin metas ni montos que yo haya podido encontrar.

Lo que no cuesta presupuesto

Mi primera conclusión fue que falta presupuesto, y la experiencia de los noventa la corrige. Aquella revolución la financiaron los inversionistas, atraídos por reglas claras. Lo que el Estado puso fueron reglas estables, competencia, un regulador con mandato claro y una razón para que el capital viniera. La pregunta pendiente en IA se formula igual: qué razón se le ofrece hoy a quien quiera invertir, investigar o emprender en el Perú.

El Índice Latinoamericano de IA de 2024 ubicó al Perú en el octavo lugar de la región, con un gasto en investigación y desarrollo de 0.17 % del PIB y una inversión privada en IA casi nula. El talento avanzado, el que crea tecnología y no solo la usa, aparece como el eslabón más débil.

Los países que aspiran a tecnología propia toman caminos distintos. India destinó a su misión de IA 10,372 crore de rupias, más de mil millones de dólares, y puso más de 38 mil GPUs al alcance de startups y universidades. Corea del Sur puso en vigor una ley básica cuyo enfoque declarado es impulsar la industria con la regulación mínima necesaria. La Unión Europea, pionera en regular, acordó postergar a diciembre de 2027 las obligaciones de los sistemas de alto riesgo.

El Perú puede empezar sin copiar el gasto de la India. Necesita reglas que hagan rentable invertir y fácil emprender. La IA tiene una diferencia que conviene reconocer: no hay empresas estatales que vender para atraer ese capital, y el equivalente tendrá que construirse de otra manera. Lo vivido en los noventa ilumina la pregunta, y la respuesta le corresponde al país de hoy.

La pregunta pendiente

La paradoja que quiero nombrar es esta. En los noventa el Perú tenía poco y su ley atrajo mucho, porque tenía un destinatario claro y una promesa para quien invirtiera. Hoy el Perú tiene una ley de IA con calendario ordenado y un destinatario que es el propio Estado, y falta decidir qué promete y a quién.

Dentro de diez años, ¿qué tendría que decir la ley de IA desde hoy para que un sistema creado por peruanos esté ayudando en una chacra de Apurímac, en una escuela rural de Cusco o en un hospital regional? Y cuando tú, como usuario, sientas que una máquina decidió algo injusto sobre ti, ¿a quién deberías poder reclamarle, y en qué plazo?

¿Para qué queríamos el poder?

Competir por el poder forma parte de la democracia. La pregunta es qué hacemos con él cuando lo alcanzamos.

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Seis senadores de un lado, seis del otro, y uno más que hacía falta para poder votar. Así describió el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, el empate que dejó sin quórum la sesión del jueves 15 y la suspendió «hasta nuevo aviso». Estaba en juego el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo: Diputados había aprobado 20 de las 66 materias solicitadas, y el Senado discutía si podía ampliar ese texto o debía respetarlo.

Mientras esa sala no conseguía reunirse, afuera el país seguía su curso. La Fiscalía registró casi 14 mil casos de extorsión entre enero y julio, y hay comerciantes y transportistas que pagan «cupos» para poder seguir trabajando. Cerca de siete de cada diez peruanos con empleo lo tienen en la informalidad, sin la protección de un trabajo formal. En la evaluación nacional de aprendizajes de 2024, cuarto grado avanzó, pero los resultados de sexto grado de primaria quedaron como en 2022. Y 893 distritos estaban en emergencia por el riesgo de lluvias intensas de El Niño. Cada uno de esos problemas tiene un plazo que no espera a ningún quórum.

Las dos posiciones del Senado tienen argumentos. Diputados ejerció control al reducir el pedido, el Senado sostiene que como cámara revisora puede complementar el texto, y la oposición invoca el Reglamento. Lo que cada bando dice del otro, que busca concentrar poder o que busca frenar al Gobierno, son interpretaciones que nadie ha probado. Me quedo con lo que la escena deja a la vista: cuánta energía consume la disputa por el poder, y qué lugar ocupa, dentro de esa disputa, aquello para lo que el poder existe. La pregunta es vieja y tiene un lugar en mi memoria.

Una definición que me quedó grabada

En la Facultad de Derecho de la UNSAAC, mi profesor Edgar Chuquimia me enseñó, en el curso Teoría General del Estado, que los partidos son organizaciones política y jurídicamente constituidas con fines de toma de poder. No recuerdo de qué autor la tomaba. La teoría clásica ofrece ideas emparentadas: Weber habló de asociaciones que procuran poder a sus dirigentes y ventajas a sus miembros, y Sartori recordó que «partido» viene de «parte», y que una parte solo tiene sentido dentro de un todo.

Mi profesor tenía razón, porque alcanzar el poder es lo que distingue a un partido. Lo que la definición dejaba abierto, y en clase casi nunca se preguntaba, era para qué.

Un mal que no tiene sigla

Fui militante aprista durante una etapa de mi vida, y desde dentro conocí lo que esa definición no decía. Una organización que necesita ganar para existir tiende a ordenar su vida alrededor de lo que la hace ganar, y con el tiempo los medios empiezan a parecer fines. Lo que vi no era patrimonio de ese partido histórico. Lo he visto después en otras organizaciones y en gobiernos de todos los signos, y con mayor intensidad en los gobiernos locales y regionales, donde el poder está más cerca y lo que se disputa se ve a simple vista: quién dirige la oficina de obras, quién firma las compras, quién consigue el empleo.

Cómo funciona el reparto

Piénsese en un municipio cualquiera después de una elección. Hay un proyecto de agua a medio camino, y al frente de la oficina que lo conduce está una ingeniera que conoce cada expediente. La nueva autoridad llega con compromisos: debe empleos a quienes la acompañaron en la campaña y puestos a quienes la apoyaron. Los cargos disponibles son los de esa oficina. La ingeniera sale, entra una persona leal y sin experiencia en el tema, el proyecto se detiene hasta que alguien aprende lo que ella ya sabía, y cuatro años después vuelve a ocurrir lo mismo con la siguiente autoridad. Nadie necesita haber robado nada para que el resultado sea un pueblo que sigue sin agua.

A eso llamamos clientelismo y repartija de cargos: usar los puestos públicos para pagar lealtades en lugar de usarlos para que las cosas funcionen. Conviene distinguirlo de lo legítimo. Una autoridad tiene derecho a rodearse de gente de su confianza para conducir el programa por el que la eligieron. El problema empieza cuando esa confianza se extiende a los cargos técnicos, los que exigen conocimiento y deberían continuar más allá de cada gobierno.

El sistema se sostiene en tres piezas que se refuerzan entre sí. Los partidos y movimientos necesitan pagar lealtades para ganar. La administración no tiene una carrera que proteja a sus técnicos. Y muchos ciudadanos, ante servicios que no llegan, han aprendido a buscar el favor personal. Cambiar a las personas sin tocar esas piezas reproduce el mismo sistema con otros nombres.

Partes de un país

Buscar el poder es legítimo; pero, se convierte en un grave problema cuando deja de ser el camino para realizar un proyecto de sociedad y pasa a ser lo único que importa. Quien gobierna lo hace también para los que votaron por otros, porque el Estado es de todos y no del partido que ganó.

Veamos por qué ocurre, y por qué va más allá de la mala fe. La democracia necesita partidos que compitan entre sí. Para seguir compitiendo, cada partido necesita ganar elecciones. Para ganarlas necesita votos, dinero y gente que trabaje en la campaña, y esas cosas suelen pagarse con cargos y favores. Así, lo que mantiene vivo a un partido termina alejándolo de la razón por la que debería existir, que es representar a los ciudadanos y gobernar bien. Es una tensión que viene con el diseño mismo de la democracia representativa. Cambiar a los dirigentes no la hace desaparecer, y por eso tendría que manejarse con reglas e instituciones que pongan límites.

Hay dos salidas que parecen atractivas pero no funcionan. Un partido único elimina la tensión, pero también elimina a quien lo controle. Y una multitud de partidos tampoco resuelve nada si ninguno es capaz de ponerse de acuerdo con otro, porque entonces nada se decide.

Lo que sí funciona es una democracia en la que convivan: competir, fiscalizar y cooperar. El gobierno ejecuta, la oposición controla y ambos pueden acordar cuando unirse frente a las urgencias que el país demanda. El problema es que cooperar podría interpretarse, desde fuera, abandonar la labor de fiscalizar y por eso se prefiere abandonar los sagrados intereses del país.

El mérito como primer paso

Frente a este panorama, una de las medidas posibles y más realistas es la meritocracia. Exige que los partidos cambien de naturaleza y elimina aquello que alimenta la repartija. Si los puestos técnicos se ocupan por concurso, con criterios conocidos de antemano y con protección frente a la remoción al cambiar de autoridad, la ingeniera del proyecto de agua sigue en su oficina, y el proyecto, con ella.

El Perú ya tiene grandes avances con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que cuenta con un Cuerpo de Gerentes Públicos, profesionales seleccionados por concurso que se destinan a entidades del Estado, entre ellas gobiernos regionales y locales. La tarea es ampliar esa práctica a más puestos técnicos y definir con claridad cuáles son los cargos de confianza, para que el resto no se negocie.

Esto tiene una ventaja que casi ninguna otra reforma ofrece: puede empezar en el nivel más cercano a nosotros. Los gobiernos regionales y municipales elegidos el 4 de octubre asumirán pronto, y muchos cargos cambiarán de manos. Cualquier ciudadano, gremio o universidad puede preguntarle a la autoridad que llega cuáles de esos puestos se ocuparán por concurso y cuáles responderán a compromisos de campaña. La respuesta, y lo que ocurra después, dirán mucho más que cualquier discurso.

Una pregunta que me incluye

Escribo «queríamos» porque la pregunta me alcanza. Fui parte de una organización que buscaba el poder y creí, como quienes me rodeaban, que lo buscábamos para algo. Una democracia necesita partes que compitan, y necesita que cada una reconozca algo que la trasciende: el país que comparten, incluido el que votó distinto.

Cuando una autoridad de tu región o de tu distrito asuma el cargo, ¿qué tendrías que ver en sus primeras decisiones para creer que quiere el poder para servir? Y si en tu pueblo hay hoy una obra, un servicio o un proyecto que depende de una persona que sabe hacerlo, ¿qué harías para que no se pierda con el próximo cambio de gobierno?

¿Qué estamos quemando cuando arden nuestros cerros?

Hoy vi un video que circula con la voz de una niña. Muestra lo que el fuego hizo con las llamas y las alpacas de su mamá: los cuerpos de los animales y, entre ellos, una llamita herida y chamuscada que todavía vive. La niña cuenta lo que pasó y, en algún momento, pregunta, entre otras cosas: «¿Por qué hacen esto? ¿Qué daño les hacen estos pobres animalitos para que los maten así?»

Su pregunta merece una respuesta, y la respuesta empieza por los responsables. Según el director regional de gestión del riesgo, todos los incendios de este año en Cusco nacieron de quemas agrícolas: personas que prendieron fuego a una chacra o a un pasto y dejaron que el viento y el sol hicieran el resto. Esas personas existen, tienen nombre y responden por lo que ese fuego destruyó, lo hayan querido o no. Encender una llama en un cerro seco, en plena alerta roja, es una decisión, y la inconsciencia explica la conducta sin borrar sus consecuencias: una niña frente a sus animales muertos, familias sin su sustento, personas que murieron.

Provocar un incendio es delito en el Perú. Las autoridades recuerdan penas de tres a diez años de cárcel, y quemar sin autorización bosques o formaciones boscosas se castiga con cuatro a seis años, que suben hasta doce cuando hay lesiones graves o muertes. Aplicar la ley es posible: en julio la Policía detuvo a un hombre por el incendio de Sacsayhuamán, y en 2024 detuvo a veinte personas presuntamente responsables de otro en La Convención. Cusco acumula este año más de doscientos ochenta incendios, y el Ministerio Público debe decirnos cuántos tienen un responsable identificado y un proceso abierto. A quienes encienden esos fuegos hay que identificarlos y sancionarlos, y quienes los vemos tenemos el deber de denunciarlos, por ejemplo al 105. Si la ley deja fuera a los pastizales, que es lo que más arde en la sierra, como advierten especialistas, corresponde cerrar ese vacío.

Soy de Curahuasi. Conozco sus montañas, sus quebradas, sus campos y la vida de sus comunidades, y pienso en las familias de mi tierra que dependen, como la de esta niña, de sus animales, sus pastos y sus chacras. El fuego ya llegó: INDECI reportó en agosto un incendio en la comunidad campesina de Ccapacca, dentro del distrito, y esta semana ardían focos en San Pedro de Cachora, el distrito vecino.

En lo que va de octubre Cusco registra sesenta incendios en nueve días, más de seis por día. En el país han muerto seis personas, cinco de ellas en esa región: tres adultos mayores, que según la autoridad regional estaban quemando terrenos, y dos hermanos, una niña de once años y su hermano de dieciocho, muertos por quemaduras en Pomacanchi y enterrados el lunes por sus familias. En el Valle Sagrado, el humo del incendio de Yanahuara se metió en las casas y cubrió el cielo como una capa de esmog. En Espinar, un cuaderno de campo hallado en Pallpata guarda escrito a mano el inventario de la pérdida: doce llamas y cuarenta y cuatro alpacas muertas, veinticinco familias damnificadas. En Cotabambas, comuneros que intentaban frenar el fuego con ramas terminaron con quemaduras. Los bomberos, que son voluntarios, atienden los incendios activos con unos treinta efectivos frente a las quinientas personas entrenadas que, según su comandante, harían falta, y sus herramientas se dañan en un solo incendio. El fuego arde al mismo tiempo en Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín y Puno.

El clima empuja las llamas. En Cusco se han medido hasta 29 grados en una época en que lo habitual es de 22 a 24, la vegetación está seca, el viento sopla desde media mañana y el SENAMHI mantuvo alertas rojas en nueve regiones. Los especialistas relacionan este escenario con El Niño, y los pronósticos anticipan una primavera y un verano más secos de lo normal en la sierra sur. De niño aprendí a temerle a la sequía por el relato de mi padre: tres años sin lluvia, campesinos que murieron de hambre. Lo conté en otro YUYAY. Esta vez la sequía que se anuncia llega con un agravante, porque cada semana que las lluvias tardan es otra semana en que cualquier chispa puede incendiar el pasto con que una familia cuenta para alimentar a sus animales.

Por qué saber no basta

Con el Programa Liderazgo Integrador Kuraq trabajamos con niños y jóvenes de Curahuasi para que comprendan su relación con la naturaleza, con su comunidad y con el territorio al que pertenecen, y para que esa sensibilización llegue a sus familias y a los pobladores. Una de nuestras campañas apuntó a uno de los motivos principales de estos incendios, la quema de los desperdicios de las chacras. Los niños hicieron videos y presentaron lo aprendido en sus hogares, escuelas y comunidades. Ese esfuerzo está resultando insuficiente, y comprobarlo me duele: los videos de nuestros niños advertían lo que el video de esta niña muestra ya ocurrido.

Conocer las consecuencias de una acción no basta para cambiarla. En Cusco murieron cuatro personas por incendios forestales en 2024, cuatro en 2025 y cinco en lo que va de 2026. Detrás de la costumbre hay razones: es la forma más económica de preparar la tierra cuando no hay maquinaria, sirve para renovar un pasto viejo, el vecino también quema, otras veces salió bien. Las prácticas de fuego en los Andes tienen una larga historia; un estudio sobre la puna húmeda de Ayacucho identificó la apertura de chacras, la quema de rastrojo y del ichu, y razones culturales. El director regional recordó que nuestros ancestros volteaban la tierra y el pasto brotaba renovado, aunque más despacio, y que hoy se prefiere la rapidez del fuego. Esas razones explican la costumbre y no sirven de excusa frente a la vida de los demás. Una norma que se cumple y un vecino que denuncia enseñan lo que ninguna campaña logra sola: que quemar en plena alerta tiene consecuencias para quien lo hace.

Nuestros abuelos llamaron Pachamama a la tierra y entendieron la relación con ella como reciprocidad, el ayni: se recibe y se devuelve. La ecología actual llegó por otro camino a una idea cercana, la interdependencia: el pasto, el suelo con sus microorganismos, las semillas, los animales y las fuentes de agua forman una misma trama de la que cuelga la vida de una comunidad. El fuego destruye plantas, semillas y organismos del suelo que tardaron años en formarse, alcanza a los animales que no logran huir y deja la ladera desnuda ante las primeras lluvias, con el riesgo de deslizamientos que advierten los especialistas. Un encuentro regional de especialistas andinos concluyó además que la quema agrícola a cielo abierto destruye la materia orgánica del suelo y reduce con los años el rendimiento de las chacras: la tierra que se quema para limpiarla termina más pobre. La herencia andina contiene la reciprocidad con la tierra y contiene también el fuego usado sin medida, y reconocer ambas cosas nos devuelve una pregunta que hemos dejado de hacernos: ¿cómo llegamos a tratar como desechable aquello de lo que depende nuestra vida?

Qué podemos hacer, y quién

Hay experiencias cercanas que funcionan. A comienzos de septiembre el SERFOR informó resultados alentadores en Curahuasi, y en Chinchaypujio y Coporaque, con dos alternativas a la quema: aprovechar los rastrojos y usar el ichu seco como sustrato para producir hongos comestibles, de modo que lo que antes ardía se vuelve alimento e ingreso para las familias. En Saywite, hace un par de años, el mismo organismo capacitó a productores de la comunidad de Soccllaccasa para picar el ichu y cubrir las parcelas con biofertilizantes en lugar de quemarlas.

Antes de la temporada seca, las comunidades pueden acordar cuándo se usa el fuego y cuándo no, abrir fajas cortafuegos alrededor de parcelas y pastizales vulnerables y montar un aviso temprano; en comunidades peruanas se han probado banderas de colores que indican el riesgo del día, apoyadas en radios comunitarias y mensajes de celular. Apurímac cuenta con un plan regional de prevención elaborado con más de doscientas comunidades campesinas, y ese camino comunal falta recorrerlo en Curahuasi, donde existe la Compañía de Bomberos n.° 148 y comuneros que han acudido a apoyarla.

Combatir el fuego exige formación y equipo. El SERFOR anunció la capacitación de más de cuatrocientos brigadistas, y corresponde al Estado dotar a los bomberos de herramientas y de medios para llegar a las laderas, como el helicóptero que Vidawasi gestionó con la Fuerza Aérea para traer agua del Vilcanota. Las familias participan antes de la llama y a distancia de ella: avisan a tiempo, resguardan a las personas y a los animales, y apoyan con agua, alimento y paso a los equipos entrenados. Después queda restaurar con plantas nativas la cobertura de las laderas, porque una ladera quemada queda expuesta cuando llega la lluvia.

Mientras duren las alertas, cada familia puede evitar cualquier quema y avisar a sus vecinos, como pidió el responsable de emergencias del gobierno regional. Lo demás —alternativas, brigadas, herramientas, planes comunales— requiere meses y recursos, y empieza a construirse ahora si queremos llegar distintos a la próxima temporada seca. Las familias, las comunidades, las escuelas, las municipalidades, los gobiernos regional y nacional, el Ministerio Público, las universidades, las empresas y las organizaciones civiles tienen una parte en esa tarea, y ninguna alcanza sola.

Vuelvo a la pregunta de la niña. ¿Qué daño les hicieron esos animalitos? Ninguno. Hubo personas que sí hicieron algo, y deben responder por ello. Cuando arde un cerro de los Andes se queman el pasto, el suelo que guarda la humedad, la semilla que esperaba la lluvia y el trabajo de una familia: arde una parte del mundo al que pertenecemos, y todavía hay tiempo de decidir qué haremos con el fuego antes de la próxima temporada.

Una pregunta para ti

Si la niña del video te hiciera su pregunta a ti, ¿qué le responderías? ¿Y qué harás esta semana, en tu chacra, tu comunidad, tu escuela o tu barrio, para que nadie más tenga que hacerla y para que quien encienda un fuego así tenga que responder por él?

Me encantaría leer tu respuesta.

El tren que se quedó en Machu Picchu

El viernes 2 de octubre, a la una y veinticinco de la tarde, un tren de Inca Rail y uno de PeruRail tuvieron un incidente en Pampacahua, en el tramo que va de Ollantaytambo a Machu Picchu. El servicio quedó suspendido unas horas y después se restableció. Esta vez no hubo heridos ni daños a terceros, según los propios comunicados de las empresas.

 Leí la noticia con una mezcla extraña de alivio y de déjà vu. Alivio, porque apenas nueve meses antes, el 30 de diciembre de 2025, en ese mismo corredor, otro choque entre trenes de las mismas dos empresas dejó un maquinista muerto y decenas de heridos. Déjà vu, porque ahí estaba otra vez un incidente ferroviario en Cusco, y otra vez el escenario era el mismo puñado de kilómetros hacia Machu Picchu.

 Todavía no se conocen las causas de este segundo incidente, y no voy a sacar de ahí conclusiones que los hechos no permiten sostener sobre la concesión, los operadores o el mercado. Lo que sí me interesa es otra pregunta, más incómoda de formular porque me incluye a mí mismo: ¿por qué, cada vez que hablamos del ferrocarril cusqueño, terminamos hablando casi exclusivamente de Machu Picchu?

 Esa pregunta me lleva treinta y pico años atrás, a comienzos de los noventa, cuando yo trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y participé en la construcción del marco regulatorio que acompañó las grandes reformas de aquella época. Discutíamos cómo reorganizar sectores enteros —las telecomunicaciones, el transporte, incluida la infraestructura ferroviaria— y cómo encontrar una relación nueva entre el Estado, la inversión privada, la regulación y la protección de los usuarios. Fue un trabajo intenso y necesario.

 Me interesa algo más que el recuerdo en sí: volver treinta años después sobre una manera de pensar de la que formé parte, y preguntarme qué vimos entonces y qué dejamos de ver. Aquella generación —y me incluyo— estuvo comprensiblemente absorbida por un problema enorme: cómo recuperar, modernizar y poner a funcionar los servicios e infraestructuras que el país ya tenía, muchos de ellos en estado crítico después de años de crisis. En esa concentración legítima en lo urgente, dedicamos menos energía a una pregunta distinta, menos urgente pero igual de importante: ¿qué infraestructuras necesitaría el Perú que todavía no existían?

 Investigando los términos exactos de la concesión que hoy administra ese corredor ferroviario, encontré algo que me obligó a corregir mi primera intuición. El Ferrocarril del Sur y Sur Oriente fue concesionado en 1999 a Ferrocarril Transandino. El informe de desempeño de esa concesión, publicado por el propio organismo regulador, es claro: el contrato no establece ninguna obligación de inversión destinada a expandir territorialmente la red. Las obligaciones centrales del concesionario son mantener, rehabilitar y explotar la infraestructura existente, y cumplir determinados estándares técnicos de seguridad.

 La crítica fácil —la concesión no cumplió con expandir el servicio— no resiste los documentos. Nunca fue su obligación hacerlo. Y ese hallazgo abre algo más interesante que cualquier reclamo: ¿qué ocurre cuando diseñamos una concesión para administrar bien lo que ya existe, y dejamos la imaginación de lo que todavía no existe en manos de otra política pública, o de nadie en particular?

 El ferrocarril, antes de 1998, llegaba más lejos: continuaba hasta Quillabamba. Los huaicos de enero de ese año destruyeron buena parte de esa vía, y desde entonces la red concesionada quedó reducida a los aproximadamente ciento treinta kilómetros entre Cusco e Hidroeléctrica. En esas mismas tres décadas, Machu Picchu creció hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más codiciados del planeta, y nuestra conversación sobre el tren cusqueño se fue estrechando hasta coincidir exactamente con los límites de esa misma vía.

 Ahí está la paradoja que quiero nombrar: mientras Machu Picchu se hacía cada vez más grande en el mapa turístico mundial, nuestra imaginación ferroviaria, la de un país entero, se fue haciendo más pequeña.

 El debate sobre la competencia —Ferrocarril Transandino como dueño de la vía, PeruRail e Inca Rail disputándose el transporte de pasajeros, con una participación históricamente mayor de la primera— es legítimo y probablemente necesario. Pero llevamos demasiado tiempo discutiendo quién debería operar la vía, cuando hay una pregunta anterior que casi nunca nos hacemos: ¿hasta dónde debería llegar la vía?

 Aquí la investigación trae una buena noticia. El Estado peruano ya está estudiando recuperar la conexión Hidroeléctrica-Quillabamba: cuarenta y tres kilómetros, una convocatoria lanzada en diciembre de 2024, más de cincuenta y dos mil personas que se beneficiarían directamente. Y más allá de ese tramo específico, en julio de este año el Ministerio de Transportes aprobó el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, que imagina una red nacional de casi siete mil quinientos kilómetros, integrada con carreteras, puertos y aeropuertos, pensada tanto para pasajeros como para carga.

 Este artículo me encuentra en el momento exacto en que el país vuelve a atreverse a imaginar ferroviariamente su propio territorio. Y de ahí surge la pregunta que de verdad quiero hacerme: si estamos empezando a imaginar de nuevo Quillabamba, después de casi treinta años de tenerla fuera del mapa, ¿por qué nuestra imaginación tendría que detenerse otra vez ahí?

 Hay otro proyecto, bastante más grande, también en marcha: el ferrocarril San Juan de Marcona-Andahuaylas, quinientos sesenta kilómetros que atravesarían Ica, Arequipa, Ayacucho y Apurímac, pensado para mover carga minera y agrícola junto con pasajeros, con una inversión estimada superior a los ocho mil millones de dólares.

 Mirando el mapa con esas dos piezas delante, aparece algo que vale la pena señalar. Por un lado, Marcona, Ayacucho, Andahuaylas. Por el otro, Cusco, el Valle Sagrado, Machu Picchu, Hidroeléctrica, y quizá, si el proyecto prospera, otra vez Quillabamba. Entre ambas líneas queda un territorio enorme que ninguna de las dos, por separado, termina de mirar: La Convención, Camisea, el propio Apurímac, Ayacucho.

 El trazado de una eventual conexión entre esas dos piezas —si es que alguna vez debiera existir— le corresponde definirlo a la geología, a los estudios de demanda, al impacto ambiental, a la rentabilidad social, no a la intuición de un artículo de reflexión. Por eso prefiero no proponer un ferrocarril y, en cambio, dejar formulada la pregunta: ¿y si el sur del Perú necesitara, algún día, algo parecido a un gran circuito que conectara sus territorios productivos, sus ciudades, sus destinos turísticos y sus corredores hacia el Pacífico, en lugar de un puñado de líneas que nunca terminan de conversar entre sí?

 Camisea, en esta imagen, no aparece como una propuesta de transportar gas en tren —el gasoducto seguirá siendo el gasoducto—, sino como lo que realmente es: parte de un territorio productivo y energético que hoy vive casi aislado de cualquier conversación ferroviaria, y que podría, algún día, participar de una red mayor.

Administrar una infraestructura y pensar un territorio son dos capacidades distintas, y durante mucho tiempo le hemos pedido a la primera que hiciera el trabajo de la segunda: mantener una vía en buen estado, ordenar su uso o mejorar la competencia entre operadores no responde la pregunta que de verdad importa en un horizonte de treinta o cincuenta años, que es qué infraestructura va a necesitar este territorio cuando la mayoría de nosotros ya no estemos para verla terminada.

 En otro artículo de esta serie preguntamos quién está imaginando el mapa del Perú. El nuevo Plan Maestro Ferroviario al 2050 muestra un esfuerzo del Estado por construir una visión ferroviaria de largo plazo. Un mapa nacional también puede enriquecerse cuando los territorios empiezan a imaginarse a sí mismos dentro de él: Cusco, Apurímac, Ayacucho, Ica, cada uno aportando su propia lectura a una planificación que no tiene por qué construirse en un solo lugar.

 El 2 de octubre, durante algunas horas, la mirada de un país volvió a concentrarse en unos pocos kilómetros de vía hacia Machu Picchu, como ha ocurrido tantas veces antes. Ese mismo incidente puede servirnos para hacer justo lo contrario: levantar la vista hacia el mapa completo, y preguntarnos hasta dónde queremos que llegue, de verdad, nuestro tren.

 Una pregunta para ti

Si pudieras imaginar el mapa ferroviario de tu región dentro de treinta años, ¿hasta dónde debería llegar el tren y qué cambiaría en la vida de quienes viven allí?

Me encantaría leer tu respuesta.

¿Qué queda después de la campaña?

Los últimos meses, cada vez que voy a Curahuasi, me encuentro con algo que no recordaba con esta intensidad: banderolas cubriendo fachadas enteras, caravanas de camionetas recorriendo los caminos entre comunidades, música y artistas contratados para animar mítines, un despliegue que, comparado con lo que he visto en campañas anteriores, resulta llamativo. Faltan pocas semanas para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, y el ambiente ya lo anuncia con fuerza.

No tengo cifras exactas de cuánto cuesta cada caravana, cada tanda de banderolas, cada contrato de sonido y escenario, y no voy a inventarlas. Pero basta con observar para hacerse una pregunta simple: ¿cuánto dinero se está movilizando en esta campaña, quién lo está aportando, y qué espera esa persona o esa empresa a cambio? No hace falta acusar a nadie en particular para notar que existe una distancia considerable entre el costo aparente de estos despliegues, la duración de un mandato municipal, y lo que gana quien finalmente ocupe ese cargo.

Esa distancia me hizo volver a un texto que hace años no releía: la Ley de Organizaciones Políticas. Ahí, en su artículo segundo, aparecen los fines que se supone deben cumplir los partidos: representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, formular ideas y programas para el desarrollo del país, contribuir a la educación cívica y democrática, y —recién en un lugar más adelante de la lista— participar en procesos electorales y contribuir a la gobernabilidad. Participar en elecciones es apenas una de varias finalidades, no la única, y mucho menos la que agota el sentido de existir de un partido.

Y sin embargo, mirando el despliegue en las calles de Curahuasi, es difícil no preguntarse qué ocurre cuando una organización concebida para representar, formar y proponer termina funcionando, en la práctica, casi exclusivamente como vehículo de una candidatura particular. No digo que competir por el poder sea algo indebido: es, de hecho, una función legítima y necesaria de cualquier partido. Lo que me inquieta es que esa única función pueda terminar absorbiendo a todas las demás, hasta que la organización deje de representar intereses colectivos y empiece a existir, sobre todo, para sostener a alguien en particular.

No quiero ser ingenuo sobre lo que hay detrás de esa distancia entre gasto y sueldo. Un aporte a una campaña, por sí solo, no es corrupción; ocurre en cualquier democracia y está reconocido por la propia ley. Una campaña costosa tampoco demuestra, por sí misma, financiamiento ilícito. Pero sí vale la pena preguntarse qué compromisos, qué dependencias, qué expectativas de trato preferente pueden generarse cuando alguien financia con generosidad la llegada de otra persona al poder, y qué ocurre después, cuando esa misma persona tiene que decidir sobre presupuestos, obras, contrataciones, autorizaciones. La captura de una decisión pública no siempre empieza con un sobre de dinero entregado en un despacho municipal. A veces empieza mucho antes, en la manera en que se financió el camino hasta llegar ahí.

En Curahuasi, además, existe una preocupación territorial que no puedo dejar de mencionar: la minería informal e ilegal, que sigue presionando sobre el valle y sus comunidades. No tengo ninguna evidencia de que esté financiando las campañas que veo pasar por las calles del pueblo, y no voy a insinuarlo sin pruebas. La menciono porque es una razón adicional, no la única, para exigir transparencia sobre qué intereses buscan influir en las decisiones públicas de un territorio como el nuestro.

Existen, por supuesto, mecanismos de control: los candidatos deben declarar ingresos y gastos de campaña, hay procedimientos de fiscalización, sanciones previstas. No voy a decir que esos mecanismos hayan fracasado en Curahuasi, porque no cuento con una evaluación documentada de su desempeño real. La pregunta que me parece más honesta es otra: ¿esos mecanismos formales le permiten hoy a un ciudadano común conocer, con información accesible y a tiempo, cuánto cuesta realmente lo que ve pasar frente a su casa, incluyendo lo que se aporta en bienes y servicios y no solo en dinero contante? Sospecho que la respuesta, en la mayoría de los casos, sigue siendo no.

Todo esto me devuelve a la pregunta que dejé abierta en el artículo anterior: ¿y si tener más inversión no fuera suficiente? Ahora entiendo que esa pregunta tenía una segunda parte que todavía no había explorado. La inversión necesita proyectos. Los proyectos necesitan decisiones. Y las decisiones necesitan instituciones capaces de responder al interés público, no a quien pagó más por llegar hasta ellas. Podemos seguir atrayendo inversión, aumentando presupuestos, anunciando obras, y aun así ver debilitada, año tras año, la posibilidad de sostener una visión territorial de veinte o treinta años, simplemente porque quienes deciden están condicionados por compromisos que nunca se hicieron públicos.

¿Qué queda, entonces, cuando uno mira esto de frente sin caer en el fatalismo?

Quedan los ciudadanos. Quedan las comunidades campesinas, las instituciones educativas, las organizaciones productivas, las empresas, la Cámara de Comercio, y esa capacidad de articulación que un territorio puede seguir construyendo incluso cuando termina una campaña y cambian las autoridades. La sociedad no tiene por qué limitarse a esperar que una elección, por sí sola, produzca todas las condiciones necesarias para el desarrollo. Puede organizarse para identificar prioridades, impulsar proyectos concretos, vigilar el uso de los recursos, y sostener acuerdos que sobrevivan a quien gane o pierda en octubre. Nada de esto significa prescindir de los partidos, ni reemplazar a las autoridades legítimamente elegidas, ni entregarle las decisiones públicas a las empresas privadas. Significa, simplemente, fortalecer la capacidad de acción colectiva que existe por fuera del ciclo electoral.

Aquí tenemos ya un par de antecedentes concretos que muestran que esto no es solo un deseo. En marzo de 2025, la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca firmó un convenio con ProInversión para promover la participación de sus empresas asociadas en proyectos de Obras por Impuestos, y desde entonces esa región ha ejecutado decenas de proyectos bajo ese mecanismo, con asistencia técnica gratuita del propio Estado. Y en Curahuasi, según me han informado, la municipalidad habría priorizado en marzo de este año un proyecto bajo esa misma modalidad —aunque no he podido confirmar con una fuente independiente los detalles exactos de esa priorización, y quiero ser honesto en señalarlo. En cualquier caso, la modalidad existe, y su lógica es clara: permite que una empresa ejecute una obra pública y compense esa inversión contra su impuesto a la renta, bajo la supervisión del Estado.

Lo que imagino para Curahuasi no es simplemente "usar" ese mecanismo. Es algo más amplio: una alianza territorial capaz de identificar una cartera de proyectos verdaderamente prioritarios para la población, convocar a las empresas interesadas en participar, buscar asistencia técnica cuando haga falta, y hacer seguimiento público a cada compromiso asumido. En esa alianza, la Cámara de Comercio puede articular y promover; las empresas pueden participar según lo que la ley permite; la municipalidad conserva, sin ceder, sus competencias y responsabilidades; y la ciudadanía participa y vigila, con información abierta sobre quién propone qué, quién financia qué, y qué conflictos de interés podrían estar en juego. Sin esa transparencia, cualquier alianza de este tipo corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de captura, distinta en apariencia pero igual de dañina en el fondo.

El futuro de un territorio como Curahuasi no puede empezar de cero cada cuatro años. La elección de octubre importa, y mucho; pero una visión de veinte o treinta años solo puede sostenerse sobre organizaciones, acuerdos y proyectos capaces de seguir en pie más allá de quién gane o pierda esta vez.

Cuando termine la campaña, cuando las banderolas se retiren de las fachadas y las caravanas dejen de recorrer los caminos, me pregunto qué organizaciones, qué acuerdos y qué proyectos seguirán ahí, trabajando en silencio, por el Curahuasi que de verdad queremos construir.

Una pregunta para ti

¿Qué organizaciones o acuerdos de tu propia comunidad han sobrevivido a los cambios de autoridad, y cuáles se disolvieron apenas terminó la elección que les dio origen?

Me encantaría leer tu respuesta.

¿Y si tener más inversión no fuera suficiente?

El Banco Central de Reserva elevó hace pocos días su proyección de crecimiento de la inversión privada para este año, de 12,5% a 14%, después de que en el primer semestre esa inversión ya hubiera crecido 15,5%, impulsada sobre todo por la minería. Todo esto ocurrió antes del 28 de julio, cuando Keiko Fujimori asumió la presidencia; sería injusto, y poco riguroso, atribuírselo sin más al nuevo gobierno. Lo cierto, en todo caso, es que el país está entrando en un ciclo de inversión más fuerte que en mucho tiempo.

Leí esas cifras con el interés de siempre, pero también con una pregunta que empezó a incomodarme un poco: ¿qué ocurre, exactamente, cuando esa inversión llega a un territorio?

Porque durante años he escuchado, y en algún momento yo mismo lo creí, que uno de los grandes obstáculos de las regiones andinas era la falta de inversión. Cusco, mi región, obliga a mirar esa explicación con más cuidado. Ha recibido, y sigue recibiendo, canon gasífero de Camisea, canon minero, regalías, inversión turística, infraestructura, asociaciones público-privadas. El propio presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, lo puso en números hace poco: en los últimos veinte años la región ha recibido cerca de treinta y siete mil millones de soles por canon y regalías, treinta y tres mil millones de ellos solo del gas. Y lo dijo con una franqueza que no suele escucharse en boca de un dirigente empresarial: "Hay más dinero, pero no se están cerrando las brechas; hay más dinero, pero no se está generando bienestar ni servicios públicos de calidad."

Ahí está la pregunta que de verdad me interesa, y que no es la que todos nos hacemos primero. No es cómo conseguir más inversión. Es por qué recibir más inversión no produce, casi nunca, una transformación equivalente del territorio.

Pensando en esto volví a algo que conozco desde hace mucho tiempo, casi desde niño: los Frentes de Defensa. En 1978, en pleno gobierno militar, se constituyó en Cusco el Frente Único de Defensa de los Intereses del Cusco, el FUDIC, que reunía sindicatos, colegios profesionales, hasta al alcalde y al obispo. En los años ochenta, bajo la conducción de Daniel Estrada, ese frente peleó por mayores recursos fiscales para la región, por el cobro de un derecho de uso del agua a la Compañía Cervecera del Cusco, por que la explotación de los yacimientos de Tintaya beneficiara también a la región. Hacia la segunda mitad de esa década, el gas de Camisea entró con fuerza en esa misma agenda de lucha. Yo era todavía joven cuando todo eso ocurría, pero recuerdo bien el peso simbólico que tenía la palabra "frente": reunirse, organizarse, exigir, resistir.

Esa palabra, "defensa", me detuvo un momento. Porque expresa algo muy concreto: cuando aparece una amenaza, una injusticia, una decisión que afecta al territorio, la gente puede juntarse, organizarse y defender lo que considera suyo. Es una capacidad real, y sigue siéndolo. Basta ver que hoy, cuarenta años después de aquel FUDIC original, siguen existiendo frentes de defensa activos en distintas provincias de Cusco —Espinar, Canchis, Chamaca entre otros—, todavía movilizándose, todavía exigiendo, todavía convocando paros y revocatorias cuando sienten que una autoridad o una empresa no está respondiendo a los intereses del pueblo.

Y entonces apareció una pregunta para la que todavía no tengo respuesta: ¿hemos aprendido a organizarnos mejor para defendernos que para construir juntos? Aquellos frentes cumplieron una función importante en un país mucho más centralizado y con muchísima menos capacidad de negociación regional. La pregunta es qué otras capacidades necesitamos desarrollar ahora.

Aquí aparece algo interesante, casi como respuesta parcial a esa pregunta. En julio de este año, la Cámara de Comercio del Cusco lanzó oficialmente una plataforma llamada Invest in Cusco, pensada para posicionar a la región y atraer nuevas inversiones de manera más ordenada, con la mirada puesta en el Cusco no solo como destino patrimonial, sino como territorio de oportunidades. En noviembre, además, Cusco será sede por quinta vez de CADE Ejecutivos, el principal foro empresarial del país, con una agenda centrada explícitamente en la concentración económica y las brechas regionales, y con una sesión pensada para traducir el debate en compromisos concretos entre empresas, gremios y autoridades. Es la misma Cámara, con el mismo Santoyo a la cabeza, que hace pocos meses denunciaba que el dinero del canon no se estaba traduciendo en bienestar.

Mientras pensaba en ambas instituciones comprendí que quizá estaba observando dos capacidades distintas de un mismo territorio: la capacidad de reunirse para defender aquello que considera valioso, y la capacidad de articularse para hacer posible algo que todavía no existe.

Pero incluso aquí quiero seguir empujando la pregunta un poco más, porque me parece que todavía no llegamos al fondo. Supongamos que la Cámara de Comercio cumple extraordinariamente bien su función. Supongamos que efectivamente llegan más inversiones, más empresas, mejores carreteras, minería mejor gestionada, turismo en expansión, más empleo. ¿Bastaría eso para decir que Cusco se está desarrollando?

Imaginemos, por ejemplo, un Curahuasi dentro de veinte años con mejores carreteras, hoteles, agricultura tecnificada, restaurantes, mayor inversión inmobiliaria, ingresos más altos que hoy. ¿Diríamos, sin más, que ese territorio se ha desarrollado plenamente si sus jóvenes siguen sin un horizonte claro que los haga querer quedarse, si las familias se fragmentan, si crece la desconfianza entre vecinos, si algo de lo que le daba identidad a esa comunidad se va perdiendo por el camino? Y el movimiento contrario también existe: una comunidad puede conservar una enorme riqueza cultural, vínculos fuertes, una identidad viva, y aun así no generar suficientes oportunidades para que sus propios jóvenes decidan construir ahí su vida en lugar de partir.

Desarrollar un territorio, empiezo a sospechar, significa algo bastante más amplio que desarrollar su economía. Hay una dimensión económica, sin duda, y ahí las Cámaras de Comercio tienen un papel insustituible. Pero hay también educación, cultura, tejido social, bienestar humano, instituciones capaces de sostenerse en el tiempo, un ambiente que se conserve en lugar de deteriorarse. Ninguna institución, por bien que cumpla su función, puede desplegar por sí sola todas esas dimensiones a la vez. No es una crítica a las Cámaras de Comercio, ni tampoco a los Frentes de Defensa: es, sencillamente, algo que ninguna de las dos fue diseñada para resolver sola.

Y entonces apareció la pregunta más importante, y todavía no sé cómo responderla: ¿cómo conseguimos que actores tan distintos —una cámara empresarial, un frente de defensa, una universidad, una organización cultural, el propio Estado— se reconozcan como partes del desarrollo de un mismo territorio, en lugar de avanzar cada uno por su cuenta, a veces incluso sin saber que están trabajando, todos, sobre el mismo lugar?

Lo que sí me queda claro, después de mirar juntos el canon de Cusco, el FUDIC de 1978, Invest in Cusco y las brechas que Curahuasi todavía arrastra, es esto: la inversión puede llegar. Puede llegar en cantidades históricas, como está ocurriendo ahora. Pero la capacidad de convertir esa inversión en futuro —en un futuro que realmente se sienta en la vida de las personas— tiene que construirse aparte.

¿Cómo se organiza una sociedad para hacer eso?

Una pregunta para ti

¿Has visto, en tu propia comunidad o región, un caso donde llegó dinero, inversión o infraestructura y, sin embargo, algo esencial siguió sin transformarse? ¿Qué crees que faltó ahí, más allá de los recursos?

Me encantaría leer tu respuesta.

¿Quién está imaginando el mapa del Perú?

Mientras las grandes potencias miran nuestro territorio desde sus intereses, una pregunta se vuelve inevitable: ¿Cuál es nuestra propia visión?

El 3 de septiembre, la Autoridad Portuaria Nacional aprobó el Plan Maestro del Terminal Portuario de Corío, en Punta de Bombón, Islay. El documento establece las condiciones para desarrollar un terminal portuario de gran escala en el sur del Perú, con una inversión proyectada superior a los US$ 800 millones.

Leí la noticia dos veces seguida de esta reflexión. Desde hace algún tiempo vengo siguiendo las conversaciones alrededor de Corío: su profundidad natural, su ubicación, las posibilidades de conexión con la Carretera Interoceánica y la expectativa de que pueda convertirse en una gran puerta del Pacífico sur. Pero esta vez la noticia me llevó a hacerme una pregunta diferente:

¿Y si Corío fuera demasiado importante para pensarlo solamente desde Arequipa?

La pregunta amplía, más bien, el protagonismo de la región. Porque un puerto de esa magnitud adquiere verdadero sentido cuando empezamos a mirar todo el territorio que podría organizarse detrás de él. Y entonces recordé Chancay.

Cuando el mapa empieza a girar

Desde su inauguración en 2024, el puerto de Chancay ha empezado a modificar nuestra percepción de la costa central peruana. Ya no se trata únicamente de un punto de embarque. Su escala obliga a preguntarse de dónde vendrá la carga, cómo llegará hasta allí y qué nuevas relaciones económicas podrían construirse hacia el interior del continente.

En mayo de 2025, los ministros peruanos de Economía y Transportes intercambiaron opiniones con una delegación china sobre el desarrollo de infraestructura ferroviaria y plantearon una reunión de alto nivel entre Perú, China y Brasil para avanzar hacia una hoja de ruta del Corredor Ferroviario Bioceánico Central.

Poco después, Brasil y China suscribieron un memorando para explorar alternativas ferroviarias dentro del territorio brasileño. El entonces canciller peruano Elmer Schialer tuvo que precisar algo elemental: cualquier conexión que pretendiera alcanzar el Pacífico por territorio peruano necesitaría necesariamente la participación del Perú.

Todavía estamos lejos de un trazado definitivo. Existen enormes desafíos económicos, ambientales, tecnológicos e institucionales. Pero algo ya ha cambiado: Chancay nos obliga a mirar más allá de Chancay.

Pacífico. Andes. Amazonía. Brasil. Me pregunté entonces qué ocurriría si giráramos también el mapa desde Corío.

Más al sur del continente existe desde hace años otra expresión de esa misma búsqueda. Argentina y Chile crearon una entidad binacional para impulsar el Túnel de Agua Negra, concebido para atravesar la cordillera entre San Juan y Coquimbo y completar una articulación del llamado Corredor Bioceánico Central hacia Porto Alegre.

Su historia ha tenido avances, pausas y dificultades. Me interesa aquí algo más sencillo: la cordillera puede ser mirada como barrera, pero también puede ser imaginada como espacio de integración.

Chancay nos hace mirar hacia los Andes y Brasil. Corío invita a mirar desde el Pacífico hacia el interior sudamericano. Chile y Argentina llevan décadas pensando conexiones a través de la cordillera.

Algo está ocurriendo alrededor de nosotros: el mapa está empezando a mostrar algo distinto.

Cuando la geopolítica llega a Lima

Y mientras pensaba en puertos, trenes y corredores, ocurrió algo que hizo que esa pregunta adquiriera otra dimensión.

Esta misma semana, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio estuvo en Lima. Durante su visita, el Perú confirmó su incorporación al Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Días antes, Rubio había cuestionado públicamente determinadas prácticas económicas de empresas respaldadas por China en América Latina y había contrastado ese modelo con la inversión privada estadounidense.

La respuesta china llegó desde Lima. Su embajada defendió sus inversiones y sostuvo que los países latinoamericanos tienen derecho a escoger sus propios socios. Una frase de su comunicado resumió la dimensión geopolítica de la controversia: "el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie".

Me interesa mirar esa discusión desde otro lugar. Estados Unidos tiene una mirada sobre el Perú. China también. Brasil piensa sus conexiones continentales desde Brasil. Chile y Argentina hacen lo propio con las suyas. Es natural que ocurra. Cada país observa el mundo desde su historia, sus necesidades y sus intereses.

Bajo esas premisas la pregunta que empezó a inquietarme fue otra: Mientras Estados Unidos y China discuten cómo miran al Perú, ¿cómo estamos mirando nosotros al Perú?

De tener planes a compartir una visión

Siendo justos, el Perú cuenta con instituciones e instrumentos de planificación de largo plazo. El CEPLAN dirige el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Desde 2019 tenemos una Visión del Perú al 2050, aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional después de un amplio proceso participativo desarrollado durante dos años en los departamentos del país, Lima y Callao.

Esa visión sirvió de base para el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y fue concebida expresamente para dar consistencia al desarrollo del país más allá de los cambios de gobierno. Por tanto, la cuestión que me interesa va más allá de la existencia de documentos o planes.

¿Tenemos una visión suficientemente compartida y presente como para ordenar los proyectos que llegan, en lugar de permitir que los proyectos terminen ordenando nuestra visión?

Porque un puerto puede aparecer por una oportunidad comercial. Un ferrocarril, por una necesidad logística. Una carretera, por una urgencia regional. Una inversión extranjera, por el interés estratégico de otro país.

Cada proyecto puede ser conveniente por sí mismo y, sin embargo, la suma de proyectos convenientes no produce necesariamente un territorio con dirección. De esos hechos emerge esta conclusión provocativa: El problema aparece cuando los demás tienen una visión sobre nuestro territorio, mientras que nosotros tenemos solamenteproyectos.

Tenemos planes. Tenemos instituciones. Tenemos capacidades técnicas. Lo que todavía necesitamos fortalecer es la apropiación de un horizonte capaz de relacionar todo aquello.

No es necesario que los demás carezcan de geopolítica, lo que necesitamos en verdad es más visión propia.

Una antigua inteligencia para mirar un problema nuevo

Mientras avanzaba en esta reflexión recordé un texto que conocía desde otra perspectiva. En 1972, el antropólogo John V. Murra desarrolló su conocido planteamiento sobre "el control vertical de un máximo de pisos ecológicos". Estudiando determinadas sociedades andinas, mostró cómo comunidades situadas en un espacio geográfico extraordinariamente diverso habían encontrado formas de acceder y relacionar recursos provenientes de diferentes pisos ecológicos.

Murra estudiaba otra época y condiciones históricas muy distintas de las nuestras. Pero detrás de aquellas formas de organización aparece una intuición territorial que todavía resulta sugerente: la diversidad adquiere potencia cuando sus diferencias pueden convertirse en complementariedades.

Los Andes están hechos precisamente de diferencias. En distancias relativamente cortas cambian la altura, el clima, el agua, los cultivos, los ecosistemas, las culturas y las posibilidades productivas ¿Qué ocurriría si aprendiéramos a mirar esa diversidad como un sistema de complementariedades contemporáneas?

Hoy nuestros instrumentos son otros: puertos, carreteras, ferrocarriles, túneles, aeropuertos, telecomunicaciones, ciudades, energía, conocimiento, agricultura, minería, turismo y mercados. La pregunta de Murra puede adquirir entonces una forma nueva:

¿Cómo articulamos aquello que el territorio ya contiene?

Después de hacerme esa pregunta volví al mapa del sur.

Hacer zoom sobre la línea

Cuando observamos un corredor logístico desde lejos, vemos una línea. Un lugar produce. Una carretera o un tren transporta. Un puerto embarca. Un mercado recibe. Pero cuando hacemos zoom sobre esa línea aparece otra realidad: un territorio no es una línea vacía.

Entre Corío y el interior andino hay pueblos, ciudades, campos agrícolas, culturas, agua, minería, patrimonio, biodiversidad y paisajes extraordinarios. Y allí aparecen también algunos de los grandes cañones andinos: Colca, Cotahuasi y, más hacia el norte, el gran sistema del Apurímac.

Entonces recordé una comparación que siempre me ha llamado la atención. El Grand Canyon National Park, en Estados Unidos, recibió más de 4.4 millones de visitas en 2025. El Valle del Colca, que tuvo precisamente un buen año turístico y logró superar sus cifras anteriores a la pandemia, recibió alrededor de 291 mil visitantes. Son realidades diferentes y las cifras no deben convertirse en una competencia entre paisajes. Pero la diferencia de escala —más de quince veces— merece una pregunta.

¿Qué tuvo que ocurrir alrededor del Gran Cañón para que una extraordinaria condición geográfica se convirtiera en uno de los grandes destinos naturales del mundo? El cañón estaba allí mucho antes que los visitantes. Después llegaron accesos, carreteras, servicios, centros de interpretación, alojamiento, conservación, circuitos, seguridad, una institución capaz de gestionar el recurso y, con el tiempo, un relato conocido en todo el planeta. Ya lo habíamos descubierto al pensar en otros territorios: el recurso natural existía. El destino tuvo que construirse.

Entonces la pregunta cambia. ¿Qué podría ocurrir con Colca, Cotahuasi, Apurímac y tantos otros lugares si una nueva conectividad territorial ayudara también a hacerlos más accesibles, visibles y articulados? Quizá un ferrocarril o una carretera concebidos inicialmente para transportar carga podrían abrir nuevas puertas al turismo. Una estación podría generar servicios. Una conexión podría convertir dos destinos aislados en un circuito. Una pequeña ciudad podría encontrar una nueva función. Comunidades que hoy reciben pocos visitantes podrían integrarse a recorridos mayores. Agricultura, gastronomía, cultura, naturaleza y patrimonio podrían empezar a relacionarse.

Nada de esto ocurre automáticamente por construir una vía. Precisamente ahí aparece la diferencia.

Atravesar o desarrollar

Un tren puede cruzar un valle transportando millones de toneladas de riqueza y dejar a su paso comunidades cuyas oportunidades apenas cambiaron. Atravesar un territorio no significa desarrollarlo. Pero conectarlo puede convertirse en una oportunidad para desarrollarlo cuando aprendemos a mirar lo que existe a ambos lados del camino.

Ahí encuentro una distinción que puede ser útil. Un corredor de tránsito busca que personas o mercancías lleguen eficientemente de un punto a otro. Un corredor de desarrollo se pregunta, además, qué nuevas capacidades pueden desplegarse en los territorios que esa infraestructura empieza a relacionar. La diferencia parece pequeña, pero cambia las preguntas.

En el primer caso preguntamos cuánto demorará la carga en llegar a Corío, cuánto costará transportarla, qué volumen podrá movilizar el puerto. Todas son preguntas indispensables. En el segundo aparecen otras: qué territorios conectará esa infraestructura, qué pueden producir mejor, qué destinos turísticos podrían emerger, qué ciudades podrían desarrollarse, qué capacidades necesitará su población, qué ecosistemas debemos preservar, qué oportunidades podrían encontrar allí los jóvenes que hoy sienten que para progresar necesitan marcharse.

Entonces un corredor deja de ser solamente una línea logística y empieza a convertirse en una posibilidad territorial. Eso es lo que he llamado en un artículo anterior infraestructura con horizonte: infraestructura pensada desde la necesidad presente, pero también desde el sistema territorial que puede ayudar a hacer posible en el futuro.

Y aquí vuelvo a Murra. Quizá la enseñanza contemporánea de aquella antigua inteligencia andina no consista en reproducir sus formas de organización, sino en recuperar su capacidad de relacionar diferencias: puerto y montaña, agricultura y turismo, minería y formación humana, ciudad y comunidad, infraestructura y paisaje, mercado y territorio. Cada elemento puede tener valor por separado. La verdadera transformación aparece cuando empezamos a descubrir las relaciones posibles entre ellos.

Volver a mirar Corío

Después de este recorrido, vuelvo a la noticia con la que empecé. Así Corío ya no se ve igual. Puede ser un puerto extraordinario. Pero también puede convertirse en la puerta que nos obligue a mirar el territorio que existe detrás.

Chancay produce una pregunta semejante en el centro del país. Los proyectos bioceánicos que Brasil, China, Chile o Argentina estudian desde sus propias perspectivas muestran que Sudamérica está buscando nuevas maneras de conectarse.

El Perú se encuentra en medio de esa transformación. Nuestra tarea consiste en algo más que esperar qué proyectos llegan. Podemos entonces preguntarnos qué sistema territorial queremos construir entre el Pacífico, los Andes, la Amazonía y el interior sudamericano durante las próximas décadas.

Imaginar una articulación desde Corío hacia los territorios andinos y el interior sudamericano es todavía una hipótesis. Sus rutas, tecnologías, costos, impactos ambientales y viabilidad económica necesitarían estudios rigurosos.

Pero antes de dibujar una vía necesitamos atrevernos a formular la pregunta territorial¿Qué queremos conectar? ¿Para qué? ¿Qué queremos que ocurra en los lugares que esa conexión atraviese? ¿Queremos transportar riqueza o queremos también ayudar a producir nuevas formas de riqueza? ¿Queremos llegar más rápido al puerto o queremos que el camino hacia el puerto contribuya a desplegar el territorio?

Esas preguntas pertenecen ahora a una escala diferente.

Un país comienza a construir su futuro cuando deja de contemplar su territorio solamente a través de los proyectos que aparecen sobre él y aprende a mirarlo desde una visión propia.

¿Quién mantiene vivo el horizonte?

La Visión del Perú al 2050 existe. El CEPLAN puede seguir desarrollando prospectiva y planificación. Los ministerios pueden diseñar infraestructura. Los gobiernos regionales y locales pueden impulsar proyectos. Las empresas pueden invertir. Las universidades pueden producir conocimiento.

Todo eso será necesario. Pero una visión territorial de treinta, cincuenta o cien años tendrá que atravesar muchos gobiernos, autoridades, presupuestos, crisis y cambios de prioridades.

Algunos de los puertos, túneles, ferrocarriles y ciudades que hoy podemos empezar a imaginar quizá sean culminados por personas que todavía son niños. Otros probablemente serán modificados por tecnologías que hoy apenas conocemos.

Por eso, al terminar de mirar el mapa, la pregunta que me queda ya no es solamente qué debemos construir. Es quién será capaz de recordar, generación tras generación, para qué queríamos construirlo.

¿Quién puede mantener viva y custodiar una visión territorial durante todo ese tiempo?

Me encantaría leer tu respuesta.

¿Hasta dónde debería llegar el tren?

A veces una nueva línea sobre el mapa nos obliga a mirar mucho más allá de sus estaciones.

Esta semana leí una noticia que me produjo una extraña sensación de familiaridad. El 1 de septiembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recibió el estudio de factibilidad de un ferrocarril que uniría el futuro aeropuerto de Chinchero con el Cusco: 21.77 kilómetros, tres estaciones, trenes eléctricos ligeros y automatizados, una inversión referencial de US$ 1,146 millones, elaborado con la cooperación del Gobierno de Corea. Un tren moderno atravesando los Andes para conectar un nuevo aeropuerto con la antigua capital del Tahuantinsuyo. La noticia podría terminar ahí. Para mí, sin embargo, apenas comenzaba.

Y me quedé pensando en una pregunta que no esperaba: ¿hasta dónde debería llegar realmente ese tren?

Hace nueve años

En 2017 grabé un video que llamé Megaproyecto Salkantay. En él advertía algo que ya se veía venir: el nuevo aeropuerto de Chinchero dispararía el flujo de turistas hacia Cusco de tres a cinco millones al año, y si esa afluencia no se gestionaba con una mirada más amplia, terminaría desbordando la capacidad de toda la región —tal como había ocurrido en 2015, cuando Machu Picchu estuvo cerca de entrar a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO por el deterioro ambiental y la presión del turismo masivo. Proponía entonces, entre otras cosas, autopistas, trenes de alta velocidad y pequeños aeropuertos que conectaran un territorio mucho más amplio que el circuito tradicional Cusco-Valle Sagrado-Machu Picchu. En aquel mismo video apareció también una idea que he vuelto a explorar recientemente en YUYAY: imaginar ciudades que todavía no existen, capaces de crecer alrededor de ese territorio ampliado.

No cuento esto para decir que anticipé lo que hoy está ocurriendo. Sería una lectura demasiado cómoda, y además falsa: yo no sabía que nueve años después llegaría este estudio, ni con qué características, ni de la mano de qué país. Lo que ocurrió es distinto y, creo, más interesante: a veces una intuición sobre el futuro no consiste en adivinar lo que va a pasar. Consiste en aprender a reconocer relaciones antes de que esas relaciones se vuelvan evidentes. Hace nueve años yo miraba ese mismo territorio tratando de imaginar qué nuevas conexiones podían aparecer si el flujo de personas empezaba a cambiar. Hoy, una de esas piezas empieza a aparecer sobre el mapa.

Una pieza, no la respuesta completa

El proyecto Chinchero-Cusco, en sí mismo, es sencillo de entender: un aeropuerto nuevo necesita una manera eficiente de llevar a la gente hasta la ciudad. El MTC ya lo explicó con precisión: túneles, viaductos, tramos a nivel, operación automatizada, tres estaciones. El estudio, además, fue entregado como donación del gobierno coreano y todavía debe pasar por decisiones de cronograma, financiamiento y modalidad de ejecución —el propio ministerio fue claro en señalar que la presentación del estudio no equivale a la aprobación de la obra.

Pero, ¿qué ocurre si en lugar de mirar el tren desde sus tres estaciones, empezamos a mirarlo desde el territorio?

Cuando los proyectos empiezan a formar una red

Resulta que Chinchero-Cusco no es el único proyecto ferroviario que el Estado tiene sobre la mesa para esta zona del país. En julio, el propio MTC presentó también el Ferrocarril Imata-Espinar-Cotabambas: 405 kilómetros, una inversión superior a los US$ 4,500 millones, pensado como corredor logístico que integraría Arequipa, Cusco y Apurímac con el puerto de Matarani, uno orientado principalmente a la movilidad de pasajeros y otro a la articulación logística y productiva.

No forman hoy parte de una única red ferroviaria planificada. Son proyectos diferentes. Pero cuando los miramos desde el territorio aparece una pregunta que ninguno de ellos puede responder por separado.

Una infraestructura conecta dos puntos. Una red transforma las relaciones entre muchos puntos.

La pregunta cambia de tamaño

La pregunta con la que abrí este artículo —¿hasta dónde debería llegar el tren?— empieza, en este punto, a significar otra cosa. No estoy proponiendo alargar la vía de Chinchero hasta algún lugar en particular. Cualquier extensión futura necesitaría estudios rigurosos de demanda, topografía, geología, ingeniería, costos, impacto ambiental y rentabilidad social —nada de eso se sustituye con una intuición territorial, por bien intencionada que sea. Nuestra tarea, aquí, es anterior a la ingeniería: es formular la pregunta correcta.

Y la pregunta correcta ya no es "¿cómo conectamos Chinchero con Cusco?". Es "¿cómo debería moverse este territorio hacia 2040?".

Ahí aparecen, casi sin buscarlos, otros nombres: el Valle Sagrado, Quillabamba, Curahuasi, Abancay, Andahuaylas, Cotabambas, Matarani. No los menciono porque crea que todos deban terminar unidos por una misma vía férrea —eso sería, otra vez, sustituir la ingeniería por el deseo. Los menciono porque cualquier mirada seria sobre el futuro de esta región tiene que atravesar, tarde o temprano, el límite administrativo entre Cusco y Apurímac, el mismo que ya nos ha aparecido en artículos anteriores de esta serie.

Otra señal, la misma pregunta

Hay una tercera pieza que refuerza esta lectura: el proyecto de teleférico hacia Choquequirao, con una inversión prevista de US$ 261 millones y adjudicación proyectada para fines de este año, que según el cronograma anunciado reduciría el acceso al parque arqueológico de más de dos días a apenas 20 minutos. Aeropuerto, ferrocarril de pasajeros, ferrocarril logístico, teleférico: cuatro infraestructuras distintas, gestionadas por instancias distintas, que están empezando a modificar, cada una por su lado, los flujos de esta misma región. No existe, hoy, un sistema integrado que las reúna oficialmente. Eso es justamente lo que este artículo propone empezar a aprender a mirar.

Infraestructura con horizonte

Con todo este recorrido, quiero nombrar algo que ha ido apareciendo poco a poco: infraestructura con horizonte. Es aquella que, además de resolver una necesidad presente —llevar pasajeros de un aeropuerto a una ciudad, sacar producción hacia un puerto—, se diseña comprendiendo el sistema territorial que ayudará a hacer posible en el futuro.

Una red puede estar bien o mal concebida. La pregunta que de verdad importa no es solo cuántos kilómetros de vía se construyen, sino qué futuro territorial ayuda a construir esa infraestructura. Un tren no modifica solamente el tiempo de viaje: puede influir en dónde vive la gente, dónde estudia, dónde invierte una empresa, qué lugares empiezan a recibir visitantes, qué ciudades crecen y cuáles quedan atrás. No de manera determinista —ninguna vía férrea decide por sí sola el destino de una región—, pero sí de manera real. La infraestructura no solamente conecta el territorio. También contribuye a organizarlo.

Las ciudades que todavía no existen

¿Qué ocurriría si primero diseñáramos el sistema de movilidad de esta región, y después dejáramos que nuevas ciudades y nodos crecieran de manera planificada alrededor de él, en lugar de esperar a que el crecimiento desordenado nos obligue después a construir infraestructura correctiva? Es la diferencia entre decidir con anticipación y remendar con urgencia.

Esta misma semana, el mismo 1 de septiembre en que conocimos el avance del estudio ferroviario, el país también declaró el estado de emergencia en 893 distritos de 22 regiones ante el peligro inminente de precipitaciones intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. Y a esa amenaza conocida se suma otra, distinta pero igualmente estudiada desde hace años: frente a la costa central, el Instituto Geofísico del Perú ha identificado una extensa zona donde las placas tectónicas permanecen fuertemente acopladas, capaz de originar un sismo de magnitud cercana a 8.8.

No sabemos cuándo podría ocurrir ese sismo, ni exactamente cómo se desplegará este episodio de El Niño. Ningún territorio del país está libre de riesgos propios —sismos, huaicos, deslizamientos, sequías, inundaciones, cada zona los suyos. Pero precisamente por eso surge una pregunta incómoda: si conocemos buena parte de las amenazas que enfrenta nuestro territorio, ¿por qué seguimos permitiendo que nuestras ciudades crezcan como si no las conociéramos?

Quizá imaginar ciudades que todavía no existen no debería consistir solamente en pensarlas bien conectadas. También podría implicar estudiar, desde el principio, dónde existen mejores condiciones combinadas de seguridad física, disponibilidad sostenible de agua, habitabilidad, conectividad, capacidad productiva y calidad de vida —no solo dónde el paisaje es más hermoso. La infraestructura del futuro no debería limitarse a conectar las ciudades que ya existen; también puede ayudarnos a decidir dónde queremos vivir mañana.

Los gobiernos administran periodos. Los pueblos necesitan construir horizontes que sobrevivan a esos ciclos.

Una visión seria hace mejores preguntas

No estoy afirmando que mañana deba construirse una línea Cusco-Curahuasi-Abancay-Andahuaylas. No lo sabemos, y sería irresponsable simularlo. Lo que sí podemos hacer, desde ahora, es estudiar: leer los flujos que ya existen, proyectar demanda, comparar alternativas, identificar los nodos que empiezan a formarse, analizar qué proyectos se complementan entre sí, imaginar distintos escenarios hacia 2040 y 2050. Una visión seria no empieza construyendo. Empieza haciendo mejores preguntas.

Aprender a mirar todas las líneas juntas

Tal vez la primera respuesta a "¿hasta dónde debería llegar el tren?" no sea el nombre de una ciudad.

Un tren puede unir dos estaciones. Una red puede transformar las relaciones entre muchos lugares. Pero antes de decidir qué nuevas líneas dibujamos sobre el mapa necesitamos comprender algo todavía más importante: qué territorio queremos ayudar a construir con ellas.

Tal vez esa sea, por ahora, la verdadera respuesta a la pregunta con la que empecé.

Una pregunta para ti

Si pudieras imaginar la red de transporte del sur andino hacia 2040, ¿qué lugares conectarías y, sobre todo, qué futuro esperarías que esas conexiones hicieran posible?

Me encantaría leer tu respuesta.

Cuando descubrimos que sí podemos

Hay victorias que terminan en una cancha y otras que permanecen en la memoria de una comunidad.

Cienciano acaba de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. No llegaba tan lejos desde 2003 —la campaña que todos en Cusco, y en mi casa, todavía recordamos con el pecho apretado. En el camino dejó atrás a Lanús, el último campeón de ese torneo y nada menos que al Botafogo, que le ganó al campeón de la Champions League en el Mundial de Clubes. Y esa clasificación, sin que yo lo buscara, me devolvió a una emoción que llevaba años sin sentir con esta intensidad.

Mi padre y Cienciano

De niño, cuando mi hermano Freddy quiso que yo fuera hincha de Alianza Lima porque él ya se había decidido por Universitario, algo en mí se resistió. Le pregunté entonces a mi padre cuál era su equipo, y me respondió, sin dudarlo, que era del Cienciano del Cusco —aun cuando el club, en ese momento, todavía ni siquiera jugaba en primera división. Mi padre no lo eligió porque ganara. Lo eligió porque pertenecía. Y desde ese instante, sin saber bien por qué, sentí que ese también era mi equipo.

Con los años, esa afición se convirtió en uno de los lazos más fuertes que compartí con él: íbamos juntos al estadio, celebrábamos cada gol como si fuera nuestro propio logro, y esa pasión terminó siendo, según llegué a escribir después, uno de los puentes que más nos unió. Por eso, cuando llegó aquella campaña de 2003, no fue solo un título lo que celebramos. Fue la primera vez que aquella pertenencia, sostenida durante años sin ninguna evidencia que la justificara, encontró por fin su prueba.

El "Sí se puede"

La campaña de 2003 tuvo de todo: una semifinal ganada a Atlético Nacional de Colombia, un empate agónico 3-3 en Buenos Aires contra un River Plate que alineaba a Mascherano, Gallardo, Maxi López y Lucho González, dirigido por Manuel Pellegrini. Y una final de vuelta, jugada en Arequipa —porque el estadio de Cusco no cumplía entonces el aforo mínimo exigido para una final internacional—, en la que Cienciano, con diez jugadores desde el minuto 52 tras la expulsión de Juan Carlos La Rosa, consiguió el gol que lo cambió todo: un tiro libre de Carlos Lugo, al minuto 78. Ocho minutos después, otra expulsión, la de Julio García, dejó al equipo con nueve hombres. Y con nueve, resistió hasta el final. Ganó 1-0. Cienciano era campeón de la Copa Sudamericana: el primer título internacional oficial conseguido por un club peruano.

El grito que recuerdo

En mi memoria quedó grabada otra escena, que no puedo asegurar hoy que haya ocurrido exactamente como la recuerdo. En algún partido en Cusco, frente a un equipo brasileño, el "¡Sí se puede!" bajó de las tribunas hacia la cancha, y en ese momento algo pareció cambiar en el ánimo del equipo. No sé si fue así, ni si el canto influyó realmente en el resultado. Lo que sí sé es que esa frase, dicha con esa fuerza, se quedó grabada en mí desde entonces.

Hacerlo otra vez

Un año después, en 2004, Cienciano volvió a enfrentar a un gigante continental: Boca Juniors, campeón de la Libertadores, en la Recopa Sudamericana. Y volvió a ganar, en la definición por penales.

Ahí comprendí que la repetición no era un detalle menor. Ganar una vez puede sentirse como una hazaña irrepetible, casi un accidente afortunado. Ganarle a otro gigante, al año siguiente, empieza a parecerse a otra cosa: a una evidencia. Primero dijimos "sí se puede" —una creencia, una posibilidad todavía sin comprobar. Después llegó el "sí se pudo" —la evidencia de un resultado concreto. Y con la repetición apareció algo más permanente: "sabemos que podemos" —ya no una esperanza puntual, sino una capacidad reconocida.

Lo que el "Sí se puede" no hizo

Quiero ser cuidadoso con esto, porque es fácil deslizarse hacia el lugar equivocado. El "¡Sí se puede!" no metió el gol de Lugo. No resistió con nueve jugadores durante catorce minutos. Eso lo hicieron futbolistas que se prepararon, que compitieron, que tomaron decisiones bajo presión y que ejecutaron cuando tocaba ejecutar. El grito abrió una posibilidad; el juego la convirtió en resultado. La visión sin acción se queda en deseo. Lo que finalmente cambia algo es el resultado: la comprobación real de que aquello que imaginábamos podía, efectivamente, ocurrir.

Los resultados también educan

Me pregunto si algo semejante puede pasarle a una comunidad entera, más allá de un estadio.

Creo que sí, aunque lo planteo como intuición, no como teoría comprobada: una comunidad que durante años escucha "no salió", "se paralizó", "no se pudo", puede terminar desarrollando, sin darse cuenta, una expectativa colectiva de impotencia. No hablo de un diagnóstico sobre el Perú, ni busco culpables. Los resultados también educan. Y funciona también al revés: cuando una comunidad consigue resolver junta algo que parecía demasiado difícil, aprende otra cosa: que puede.

A esa memoria —la que guarda una comunidad de aquellas ocasiones en que consiguió hacer posible algo que parecía difícil o improbable— podríamos llamarla memoria colectiva de realización. Cienciano nos dio, a quienes crecimos con ese amor por el equipo, una de esas memorias. No creo que ganar un torneo internacional produzca, por sí solo, desarrollo territorial. Pero sí dejó, en quienes lo vivimos, una evidencia compartida: sabemos lo que se siente cuando algo así ocurre.

Salir del estadio

El problema es que ningún pueblo puede vivir solamente recordando los campeonatos que ganó hace veinte años. La pregunta incómoda es qué hacemos con esa experiencia cuando salimos del estadio. Cómo convertimos el "sí se puede" en capacidad real para resolver los problemas que sí siguen ahí, todos los días, sin cámaras ni hinchada.

Pienso, inevitablemente, en el agua de Curahuasi, de la que hablé en el artículo anterior. Sigue siendo solo una hipótesis de trabajo —no un proyecto aprobado, ni una planta definida, ni un acuerdo firmado con nadie. Pero funciona, para lo que quiero explorar aquí, como un laboratorio. Porque en ese caso ya existen buena parte de las piezas: instituciones con competencia legal, empresas con capacidad técnica y financiera, especialistas con conocimiento, una sociedad civil organizándose, y una ciudadanía que necesita, desde hace años, una solución real. Y aun así, el resultado todavía no aparece. ¿Qué falta?

No creo que la respuesta sea simplemente "falta gestión". Creo que falta algo más específico: capacidad de articulación orientada a resultados.

Articular no es reunir

Articular no significa conseguir que todos se sienten en la misma mesa. Significa conseguir que capacidades diferentes produzcan juntas un resultado que ninguna podría producir por separado. Estado, empresa, especialistas, sociedad organizada y ciudadanía poseen capacidades distintas —competencia legal, recursos, conocimiento técnico, continuidad, legitimidad social— que pueden complementarse. Ninguno reemplaza al otro. La calidad de la relación entre esas capacidades distintas puede producir una capacidad colectiva que antes no existía en ninguna de ellas por separado.

Y hay otra distinción que aprendí escribiendo sobre esto: no se trata de entregar una obra el día de una inauguración. Se trata de conseguir que un servicio funcione todos los días, durante años. Realizar no significa simplemente hacer algo. Significa producir el cambio que buscábamos, y comprobar que funciona en la vida real.

A eso, creo, deberíamos llamarlo capacidad de realización: la capacidad de una comunidad para convertir una posibilidad compartida en resultados concretos y sostenibles, y, al hacerlo, producir conocimiento, confianza y nuevas capacidades para el desafío que viene después.

Lo que queda después del logro

Imaginemos, solo como hipótesis, que Curahuasi consiguiera resolver de manera sostenible su problema de agua. El primer resultado sería visible: agua. El segundo sería invisible: una comunidad que acaba de comprobar que puede. Quedarían experiencia, relaciones, conocimiento, confianza, mecanismos probados, errores aprendidos. El siguiente desafío ya no empezaría desde cero.

Visión, acción, resultado, aprendizaje, nueva capacidad. Y desde esa nueva capacidad puede surgir una realización mayor. Los resultados vuelven a educar a la comunidad que los produjo, y eso es lo que convierte el proceso en algo acumulativo, no en un hecho aislado.

Al escribir estos cuatro artículos he empezado a ver una arquitectura que yo mismo no tenía formulada cuando empecé: un horizonte compartido que nos permita saber hacia dónde ir; personas capaces de sostenerlo; una lectura del territorio que nos permita reconocer sus posibilidades; y una capacidad colectiva para convertir esas posibilidades en resultados. Todavía no sé si esto constituye un método. Estamos descubriéndolo.

Sabemos que podemos

Tal vez por eso aquel "¡Sí se puede!" sigue vivo tantos años después. No era solamente el grito de una tribuna. Era una comunidad afirmando una posibilidad antes de que existiera la evidencia. Los jugadores hicieron después algo todavía más importante: la convirtieron en resultado, y luego, un año más tarde, la repitieron.

Primero dijimos: sí se puede. Después comprobamos: sí pudimos. Desde entonces sabemos: podemos. El desafío de nuestra generación es llevar esa experiencia fuera de la cancha. Un horizonte, como el que venimos imaginando para la Visión Salkantay 2040, empieza verdaderamente a existir cuando una comunidad descubre que también tiene la capacidad de construirlo.

Una pregunta para ti

¿Qué logro de tu comunidad te hizo sentir alguna vez que juntos sí podían? ¿Y qué problema que hoy parece demasiado grande podría convertirse en la próxima experiencia que les demuestre que todavía pueden hacerlo?

Aprender a leer el territorio

A veces el futuro de un territorio ya está dejando señales. El desafío es aprender a reconocerlas y convertirlas en un horizonte compartido.

En Propósito Vital cuento cómo mi amigo Fernando Gonzales Latini llegó a Curahuasi buscando un terruño para producir vino de altura, y cómo terminó fundando Apu Winery —hoy una de las bodegas de mayor altitud del mundo, cuya producción, todavía escasa, es adquirida en buena parte por el restaurante Central, reconocido como el número uno de The World's 50 Best Restaurants en 2023. No voy a repetir esa historia aquí. La traigo solo por la pregunta que me dejó, y que no he dejado de hacerme desde entonces: ¿qué vio Fernando en mi propio valle que yo, habiendo nacido ahí, todavía no había aprendido a ver?

Con los años entendí que la respuesta tenía un nombre: terruá. Un terreno especial, donde geografía, clima, suelo y cultura se combinan de manera irrepetible. Y una vez que aprendí a nombrar eso en el vino, no pude dejar de preguntarme si Curahuasi tenía un terruá mucho más amplio que el vitivinícola —uno hecho de anís, de frutales, de microclimas, de historia, de gente. El desarrollo, sospecho, no siempre consiste en parecernos a los lugares ya desarrollados. A veces consiste en descubrir qué podemos ofrecerle al mundo justamente porque somos distintos.

Ese mismo impulso terminó despertando una memoria familiar que llevábamos años sin nombrar: nuestro bisabuelo trajo vino en barricas desde Arequipa, y nuestro abuelo elaboraba uno casero en Molle Molle. De ahí nació, después, nuestra propia Viña Ankawachana. Lo menciono no para promocionarla, sino porque ilustra algo que quiero que atraviese todo este artículo: cuántas cosas que parecían recuerdos sueltos adquieren otro sentido cuando el presente nos permite releerlas.

Abrir el mapa

Ese impulso me hizo mirar la tierra de otra forma, y esa mirada, con el tiempo, se fue ampliando hasta el mapa completo.

Cuando uno mira Curahuasi solo desde los límites administrativos —un distrito de la provincia de Abancay—, parece un lugar periférico. Pero cuando lo mira desde la geografía, los flujos de personas y las complementariedades posibles, la imagen cambia: está en la ruta entre Cusco y Abancay, cerca de Choquequirao, dentro del mismo corredor que ya describimos en "La promesa olvidada del Sol", donde la fragmentación Cusco-Apurímac sigue impidiendo que ese sistema se comporte como lo que geográficamente es. Un lugar puede parecer periférico desde un mapa administrativo, y adquirir un significado completamente distinto desde la geografía y las posibilidades futuras.

Tres señales

Hay, ya en marcha, tres señales que muestran, cada una a su manera, qué significa aprender a leer un territorio.

La primera es Choquequirao. El proyecto del teleférico que uniría Cusco y Apurímac —una inversión de 261 millones de dólares, con adjudicación prevista para fines de 2026— reduciría el acceso al parque arqueológico de más de dos días a apenas 20 minutos, y podría elevar el flujo de 8,000 a un millón de visitantes al año. La infraestructura puede traer el flujo. El territorio, todavía, tiene que aprender a convertirlo en desarrollo real.

La segunda es Huayhuacalle, en Cachora. Su mirador, inaugurado hace pocas semanas, ha comenzado a recibir una afluencia de visitantes considerable, con un acceso que todavía depende de una trocha y un tramo final a pie. No es un caso de éxito cerrado. Es evidencia de algo más valioso: cuando un paisaje extraordinario se vuelve visible y accesible, el interés aparece casi de inmediato —y, junto con él, las carencias que faltan resolver.

La tercera todavía es solo una posibilidad. A pocos minutos de Curahuasi, el cerro San Cristóbal ya funciona, de manera informal, como mirador natural del Cañón del Apurímac: desde ahí se ve el nevado Salkantay, Choquequirao, el valle de Curahuasi, y es un lugar propicio para observar el vuelo de los cóndores. El cañón mismo se encuentra, según fuentes oficiales de Mincetur, entre los más profundos de América y del mundo —por encima, en algunas mediciones, del Gran Cañón de Colorado y del propio Colca. Y, sin embargo, casi nadie fuera de Apurímac lo conoce.

La lección del Colca

Aquí conviene una comparación breve, y no para competir. El Colca es hoy uno de los grandes destinos turísticos del sur del Perú, pero no lo es solo por su profundidad. Lo es porque, alrededor de ese recurso natural, alguien construyó accesibilidad, miradores, servicios, alojamiento, gastronomía, operadores y un relato que millones de personas terminaron por conocer. El recurso natural existía desde siempre. El destino tuvo que construirse.

San Cristóbal, hoy, sigue siendo apenas un cerro para la mayoría. Pero desde ahí se abre la perspectiva de uno de los grandes cañones del continente. Fernando vio vino donde otros veíamos tierra. Huayhuacalle mostró que un paisaje puede convertirse en destino apenas se hace visible. San Cristóbal nos recuerda que leer un territorio consiste, muchas veces, en aprender a reconocer una posibilidad antes de que tenga infraestructura, nombre o visitantes.

Y esa lectura no debería limitarse a un mirador aislado. El futuro turístico de Curahuasi no tendría por qué reducirse a que alguien llegue, contemple el cañón y se marche. El territorio ya reúne cañón, viñedos de altura, agricultura, el anís que ha dado identidad productiva a la zona, cercanía a Cachora y Choquequirao. El vino expresa ese territorio en una copa. El paisaje lo expresa ante los ojos. Lo que falta no es tener piezas sueltas, sino aprender a convertir esa singularidad en una experiencia coherente.

Nadie tiene que ser el centro

Esto no significa que Curahuasi deba competir por convertirse en "el" destino de la región. Abancay, por su parte, viene repensando su propio crecimiento urbano con un horizonte hacia 2040 —no un plan idéntico a nuestra Visión Salkantay, pero sí una señal de que distintos lugares del mismo corredor están empezando, cada uno por su cuenta, a imaginar su futuro.

Podemos pensarlo, como hipótesis, así: Abancay fortaleciendo su papel urbano, institucional y de servicios; Curahuasi desarrollando su terruá, su agricultura y su paisaje; Cachora y Huanipaca articulando el patrimonio de Choquequirao; Cusco y el Valle Sagrado aportando una plataforma turística internacional ya consolidada. Integrar no significa que todos hagan lo mismo. Significa que cada lugar descubra aquello que puede aportar mejor al conjunto.

La riqueza que también está bajo la tierra

Hay otra riqueza que no puedo dejar de mencionar: la minería formal. Apurímac se encuentra entre las principales regiones productoras de cobre del Perú, liderada por Las Bambas. No quiero convertir esto en un debate de "minería sí o minería no": es una actividad real, con beneficios económicos considerables y también con impactos ambientales y responsabilidades territoriales que no siempre se cumplen bien.

La verdadera medida de la riqueza minera de Apurímac no será solamente cuánto mineral extraigamos, sino qué quede en el territorio cuando ese mineral ya no esté. Agua, educación, salud, conocimiento, infraestructura, capital humano: eso puede sostenerse mucho después de que la última veta se agote.

Y entonces la pregunta deja de ser abstracta: ¿podría parte de esa capacidad económica ayudarnos a resolver problemas que llevan décadas esperando solución? Uno de ellos, quizás el más elemental, es el agua.

Cuando la visión tiene que tocar la vida: el agua

De nada sirve imaginar viñedos, miradores y teleféricos hacia 2040 si algo tan básico como el agua sigue sin resolverse. Curahuasi arrastra, desde hace años, dificultades persistentes de acceso adecuado al agua potable. Existen proyectos concretos —uno de ampliación y mejoramiento de agua y alcantarillado para los ocho barrios urbano-marginales de la localidad, con más de 24 millones de soles presupuestados—, pero a pesar de esos esfuerzos sostenidos, la necesidad no ha sido resuelta satisfactoriamente para buena parte de la población.

Frente a esto estamos explorando una posibilidad, todavía en estudio, que llamamos Agua Curahuasi 2040: que la Cámara de Comercio y de la Producción de Curahuasi convoque especialistas, impulse un diagnóstico independiente de la verdadera brecha hídrica, revise lo ya existente, y articule empresas privadas, Municipalidad, Gobierno Regional y ProInversión, con transparencia y seguimiento ciudadano. Una de las herramientas posibles es Obras por Impuestos, un mecanismo que permite articular inversión privada y proyectos públicos mediante el reconocimiento de la inversión realizada contra obligaciones tributarias, dentro del marco establecido por el Estado. No es un proyecto aprobado. Es una hipótesis de trabajo.

Investigando esto descubrí algo que cambió mi manera de plantear el problema: la primera reacción, casi automática, es pedir "una planta de tratamiento". Pero antes hay que comprender toda la cadena. Primero comprender el problema, después elegir la tecnología. No se trata de entregar una obra el día de una inauguración. Se trata de conseguir que un servicio funcione, todos los días, durante años.

Esto exige, también, una manera distinta de trabajar. Sin convertir esto en denuncia, hay que reconocerlo: las instituciones públicas peruanas enfrentan problemas de continuidad, capacidad de gestión y, en algunos casos, corrupción. Pero tampoco creo en la fórmula fácil de "Estado malo, empresa buena". Necesitamos sistemas capaces de producir buenos resultados, con transparencia, trazabilidad y responsabilidades claras, más allá de quién ocupe temporalmente un cargo. La entidad pública debe conservar sus competencias; lo que la Cámara, las empresas y la ciudadanía pueden aportar es capacidad técnica, articulación, financiamiento y continuidad. No se trata de reemplazar al Estado, sino de elevar la capacidad de todo el sistema.

Volver a mirar todas las piezas

Ahora quiero que volvamos a mirar, todas juntas, las piezas que hemos ido encontrando: Apu Winery. Viña Ankawachana. El anís y los frutales de Curahuasi. El Cañón del Apurímac y San Cristóbal. Huayhuacalle. Choquequirao. Abancay pensando su propio horizonte. Las Bambas y su cobre. La necesidad de agua. La Cámara de Comercio empezando a organizarse. El Programa Liderazgo Integrador Kuraq, formando a través de su Proyecto Kawsayñan a jóvenes capaces de imaginar y construir ese futuro.

Por separado, cada una parece un asunto aislado. Juntas, empiezan a revelar algo distinto: una vocación.

Leer un territorio no consiste solamente en descubrir lo que tiene. Consiste en comprender qué relación puede existir entre sus posibilidades, y qué futuro podrían construir juntas.

¿Puede un territorio tener propósito?

En mi trabajo autobiográfico aprendí que episodios que parecían dispersos —una infancia, una carrera, una pérdida— pueden revelar sentido cuando aprendemos a leerlos juntos, no como hechos sueltos sino como partes de una misma historia. Me pregunto si algo semejante puede ocurrir con un territorio. No quiero afirmarlo como si fuera una ley. Prefiero plantearlo como hipótesis: quizá un territorio pueda revelar una vocación cuando aprendemos a leer conjuntamente lo que la geografía, la historia, las personas y el presente han ido depositando en él.

A eso quiero llamarlo lectura territorial. Y entiendo mejor ahora por qué elegí este título: no se trata de inventar un futuro desde cero. Se trata de aprender a reconocer, en lo que ya está ocurriendo por separado, las señales de un futuro que ya empezó.

Leer para articular

Pero leer no basta. Leemos el territorio, priorizamos lo más urgente o más fértil, articulamos a quienes pueden aportar, ejecutamos, y después observamos cómo responde la realidad para aprender de ella y corregir el siguiente paso. No es un modelo cerrado. Es la manera natural en que cualquier visión se va actualizando frente a la experiencia real.

Lo que nos convoca

Primero necesitamos un horizonte que nos permita mirar juntos hacia adelante. Después, personas capaces de sostenerlo. Ahora descubrimos una tercera tarea: aprender a leer aquello que el territorio ya está poniendo delante de nosotros.

Imaginar. Formar. Leer. Articular. Hacer. Aprender. Tal vez así comiencen las transformaciones que alguna vez parecieron demasiado grandes: no esperando pasivamente que el futuro llegue, sino aprendiendo a reconocer sus señales, actuando sobre ellas y dejando que la propia realidad nos enseñe el siguiente paso.

Una pregunta para ti

¿Qué posibilidades existen ya en el lugar donde vives, que hoy sigues mirando por separado? ¿Qué futuro empezaría a aparecer si aprendieras a leerlas juntas?

Me encantaría leer tu respuesta.

Los líderes de 2040 ya están entre nosotros

Podemos imaginar trenes de alta velocidad, aeropuertos e inteligencia artificial para el 2040. Pero todavía no hemos respondido quiénes van a conducir todo eso.

Después de publicar "La promesa olvidada del Sol", estamos llevando la Visión Salkantay 2040 a nuestros jóvenes de Curahuasi, dentro del Programa de Liderazgo Kuraq y el Proyecto Kawsayñan. No queremos decirles qué deben hacer con ese horizonte. Les preguntamos, simplemente, qué parte de ese futuro quisieran ayudar a construir ellos mismos.

De esas conversaciones ha ido surgiendo otra pregunta, más incómoda que la primera, que no me ha soltado desde entonces: ¿qué clase de seres humanos tendrán que llegar a ser estos jóvenes para que podamos confiarles el futuro que estamos imaginando?

La paradoja de Machu Picchu

Antes de intentar responderla, hay una imagen que no puedo dejar de mirar, porque ocurre a pocos kilómetros del mismo corredor que soñamos integrar.

Machu Picchu, la maravilla que nos representa ante el mundo, arrastra desde hace años una crisis de gestión que nadie termina de resolver. Desde 2022, el Ministerio de Cultura ha cambiado el sistema de venta de boletos una y otra vez —presencial, virtual, mixto, con pretickets, sin pretickets— sin que el problema de fondo desaparezca: cada temporada alta se repiten las colas de varios días en Aguas Calientes. El propio ministerio reconoció, en una resolución oficial, que no existían mecanismos suficientes para coordinar la venta de boletos entre el Camino Inca y la ciudadela, pese a que ambos forman parte de un mismo sitio. Y mientras el santuario recauda alrededor de 250 millones de soles al año, apenas 7 millones regresan a labores de conservación, según ha denunciado el propio gobernador del Cusco, quien calificó de "antitécnica e irregular" una de las decisiones que originó el problema.

No creo que exista un único responsable. Lo que muestra Machu Picchu es algo más difícil de resolver que encontrar un culpable: administración pública, gobiernos nacional, regional y local, transporte, comercialización de entradas, operadores turísticos, comunidades locales y distintos intereses económicos tienen que coordinarse alrededor de un mismo patrimonio, y esa coordinación, año tras año, no termina de lograrse. El nuevo gobierno acaba de asumir hace pocos días. Tal vez logre lo que cuatro años de ajustes sucesivos no lograron. Ojalá así sea.

Pero, más allá de si lo consigue o no, la pregunta de fondo permanece: ¿cómo es posible que tengamos uno de los patrimonios más extraordinarios del planeta y, al mismo tiempo, sigamos teniendo tantas dificultades para organizar a todos los actores involucrados alrededor de un propósito compartido? No creo que Machu Picchu esté condenado. Creo que revela algo más amplio: un territorio puede poseer una riqueza descomunal y, sin embargo, no haber terminado de desarrollar la capacidad colectiva —institucional y humana— de administrarla bien.

¿Estamos preparados humanamente para administrar la prosperidad que queremos generar?

Lo que aprendí conectando personas

Esa pregunta me devuelve, inevitablemente, a mi propia historia. Durante buena parte de mi vida profesional participé en el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú, en una época en que tener un teléfono era un privilegio de pocos. Trabajé, con otros, para que ese acceso se democratizara, y años después las telecomunicaciones llegaron prácticamente a todo el país. Sigo considerando aquello un progreso real, y no voy a fingir arrepentimiento donde no lo siento.

Pero hoy puedo ver algo que entonces no alcanzaba a ver del todo. Conectamos a las personas, les dimos acceso a información, acortamos distancias, multiplicamos capacidades. Lo que no hicimos —lo que ninguna reforma de telecomunicaciones puede hacer— fue convertirnos, solo por eso, en mejores seres humanos. Las mismas herramientas que nos liberan pueden también manipular nuestra atención, generar dependencia, polarizarnos, encerrarnos en burbujas que confirman lo que ya creíamos. La tecnología multiplica nuestras capacidades, pero no decide qué clase de seres humanos seremos al usarlas.

Hace treinta años, para mí, el gran desafío era conectar a las personas. Hoy aparece otro, menos visible pero igual de urgente: desarrollar a las personas ya conectadas.

Cuando la apuesta se eleva

Si el teléfono e internet multiplicaron nuestra capacidad de comunicarnos, la inteligencia artificial está multiplicando algo todavía mayor: nuestra capacidad de crear, decidir, analizar, producir, aprender, influir. No la veo como una amenaza, sino como una amplificación extraordinaria de lo que ya somos capaces de hacer. Y justo ahí está el riesgo: cuanto más poderosa se vuelve nuestra tecnología, más importante se vuelve la calidad humana de quien la utiliza.

León Trahtemberg, reconocido especialista en educación, viene insistiendo en algo parecido desde la educación. En su reciente reflexión sobre "los psicoeducadores", plantea que durante siglos la misión central del maestro fue transmitir contenidos, y que esa misión está dejando de tener sentido en un mundo donde la inteligencia artificial ya puede transmitir contenidos mejor que casi cualquiera de nosotros. El maestro del futuro, sugiere, tendrá que volcarse hacia otra cosa: acompañar el desarrollo humano y psicológico de cada estudiante, algo que ninguna plataforma puede sustituir.

Me interesa esa reflexión porque converge con una pregunta que, desde una escala mucho más pequeña y en un contexto distinto, venimos explorando en Curahuasi desde hace tres años.

Una experiencia pequeña en Curahuasi

En 2023 empezamos, con un grupo reducido de niños y jóvenes, una experiencia dentro del Programa de Liderazgo Kuraq y el Proyecto Kawsayñan. La pregunta que la sostiene es sencilla de formular y difícil de responder: ¿qué ocurre si, antes de enseñarle a un joven a liderar a otros, empezamos por ayudarlo a desarrollarse a sí mismo?

Trabajamos con un criterio integral y evolutivo: desarrollo cognitivo, emocional, corporal, relacional y ético; autonomía; sentido de propósito; capacidad de comprender perspectivas cada vez más amplias; participación responsable en la comunidad. No voy a decir que hemos comprobado una teoría universal. Kawsayñan es, todavía, un laboratorio humano en desarrollo: tres años aprendiendo, observando, ajustando lo que no funciona.

El desarrollo de los pueblos y de sus líderes

De esa experiencia pequeña surge una intuición más grande, y quiero formularla con cuidado, no como una ley sino como pregunta: ¿hasta dónde puede desarrollarse de manera sostenida un pueblo si quienes conducen sus empresas, instituciones, comunidades y gobiernos no se desarrollan también como seres humanos?

Formar líderes, sospecho, no comienza enseñándoles a conducir a otros. Comienza ayudándolos a desarrollarse ellos mismos primero.

Infraestructura humana

Solo ahora quiero nombrar la idea que ha estado tomando forma en todo este recorrido.

Durante décadas hemos asociado desarrollo casi exclusivamente con infraestructura física: carreteras, telecomunicaciones, energía, hospitales, universidades, trenes. Toda esa infraestructura será indispensable para la Visión Salkantay 2040. Pero existe otra, menos visible y quizás más determinante: el conjunto de capacidades interiores —cognitivas, emocionales, corporales, relacionales, éticas— que le permiten a una comunidad imaginar, conducir y sostener responsablemente su propio desarrollo.

Antes de construir la infraestructura del futuro, necesitamos formar la infraestructura humana capaz de imaginarla, conducirla y cuidarla. Eso, sin proponérselo, es lo que Machu Picchu termina enseñándonos: no basta con generar riqueza, visitantes o inversión. Hace falta formar seres humanos e instituciones capaces de administrar responsablemente esa prosperidad cuando llega. No basta imaginar el futuro que queremos construir. Hace falta formar a quienes sean capaces de no destruirlo apenas llegue. Lo digo como advertencia, pero también como una puerta abierta: todavía estamos a tiempo.

La visión vuelve a los jóvenes

Por eso estamos llevando la Visión Salkantay 2040 de regreso a los jóvenes de Kawsayñan, queriendo escuchar qué ven ellos: qué Curahuasi imaginan, qué proyectos crearían, qué problemas resolverían, qué futuro son capaces de ver que nosotros, desde nuestra generación, todavía no vemos. Un horizonte empieza a ser verdaderamente compartido cuando otros comienzan a imaginar, dentro de él, cosas que quien lo formuló originalmente jamás había imaginado.

Los pururaucas de esta generación

Cuenta la tradición —y la presento como tradición, no como hecho histórico comprobado— que cuando Cusco estuvo a punto de caer ante el ejército chanca, y todo parecía perdido, un potencial hasta entonces invisible se reveló decisivo, y ayudó al joven Cusi Yupanqui a conseguir la victoria que, con el tiempo, lo convertiría en Pachacútec, el fundador del Tahuantinsuyo. Tal vez los pururaucas de nuestro tiempo no sean solo piedras que cobran vida en un campo de batalla. Tal vez sean también estos mismos jóvenes, cuya capacidad todavía no alcanzamos a ver del todo porque seguimos mirándolos únicamente como estudiantes, y no como protagonistas del territorio que viene.

Me gusta imaginarlos hacia 2040, catorce años más adelante, habitando las primeras ciudades andinas planificadas que empiezan a insinuarse en la franja que bordea Vilcabamba —las que ya imaginamos en "La promesa olvidada del Sol". No como asentamientos que copian un modelo de ciudad inteligente traído de otra parte, sino como algo distinto: una ciudad verdaderamente inteligente no es solamente la que despliega sensores, datos y automatización, sino la que aprende a vivir con inteligencia en su propio territorio —que entiende el agua que la abastece, las montañas que la sostienen, sus pisos altitudinales, la cultura de quienes la habitan, y pone todo eso a dialogar con la ciencia y la tecnología contemporáneas, no como decoración, sino como principio de diseño.

En esa escena, una joven ingeniera ambiental, formada entre Cusco y algún posgrado en el extranjero, diseña barrios donde la energía solar de alta montaña convive con técnicas de construcción en piedra y adobe adaptadas al clima, porque entendió que el problema nunca fue elegir entre tradición y tecnología, sino aprender a pensarlas juntas. Un urbanista traza esas ciudades para que el agua de las quebradas abastezca huertos verticales y sistemas de riego inteligente al mismo tiempo. Pero junto a ellos —y esto me importa tanto como sus oficios— hay también agricultores que modernizan sus propias chacras sin abandonarlas, artesanos que llevan su trabajo a nuevos mercados, maestros, comerciantes, autoridades locales, servidores públicos, emprendedores turísticos, y jóvenes que estudiaron fuera y decidieron volver, junto a otros que nunca se fueron y decidieron quedarse a construir. Cada uno participa desde un lugar distinto de un mismo horizonte, y ninguno de esos caminos vale menos que otro.

Esa es, quizás, la diferencia esencial de la Visión Salkantay 2040. Muchas de nuestras ciudades actuales crecieron respondiendo a la urgencia del momento, casi por acumulación de necesidades inmediatas. Esta busca algo distinto: nacer desde un horizonte consciente. Así como una persona puede pasar de reaccionar constantemente a las circunstancias a desarrollar mayor capacidad de elección y proyección, tal vez un territorio también pueda pasar de responder solo a la urgencia a construirse, de verdad, desde una visión.

Los líderes que habitarán y conducirán el 2040 ya están entre nosotros, todavía siendo niños y adolescentes. La Visión Salkantay 2040 les pertenece, sobre todo, a ellos.

No queremos jóvenes que piensen como nosotros

Esta escena no es un guion. Nadie les está diciendo a estos niños que serán ingenieros, agricultores, alcaldes o científicos. Les estamos mostrando algunas posibilidades que hoy alcanzamos a imaginar, sabiendo que ellos probablemente verán otras que nosotros todavía no somos capaces de ver.

Ni Kuraq ni Kawsayñan buscan formar jóvenes que repitan nuestra visión. No queremos adoctrinamiento. Queremos seres humanos capaces de pensar por sí mismos, cuestionar, ampliar perspectivas, discrepar cuando haga falta, cooperar, crear, y corregir —si es necesario— nuestra propia visión. La Visión Salkantay 2040 debe ofrecer un horizonte suficientemente claro para orientar, y suficientemente abierto para que ellos puedan reinventarlo.

Un horizonte compartido no necesita personas que piensen igual. Necesita personas suficientemente desarrolladas para construir juntas sin dejar de pensar por sí mismas.

Cerrando el círculo

Hace treinta años participé en una tarea orientada a conectar a los peruanos. Hoy participo en una experiencia pequeña que intenta contribuir al desarrollo humano de algunos de los jóvenes que vivirán en ese mundo ya conectado. No veo la segunda como corrección de la primera. Ambas forman parte del mismo aprendizaje, y la Visión Salkantay 2040 necesitará ambas: tecnología e infraestructura, y también desarrollo humano.

Lo que nos convoca

El artículo anterior preguntaba qué futuro queremos construir juntos. Este pregunta algo distinto: en quiénes necesitamos convertirnos para hacerlo posible. La Visión Salkantay 2040 empieza así a sostenerse sobre dos pilares, no uno: un horizonte compartido, y la infraestructura humana capaz de sostenerlo.

Una pregunta para ti

Si pudieras ver a los jóvenes de tu comunidad dentro de quince años, ¿qué capacidades humanas quisieras que hubieran desarrollado para poder confiarles el futuro que hoy estamos imaginando? ¿Qué estamos haciendo hoy, tú y yo, para ayudarlos a desarrollarlas?

Me encantaría leer tu respuesta.

La promesa olvidada del Sol

Cómo perdimos el horizonte que alguna vez nos permitió construir juntos

Hace poco, con nuestro Programa de Liderazgo Kuraq y el proyecto Kawsayñan, quisimos llevar a un grupo de jóvenes de Curahuasi a conocer la historia del Tahuantinsuyo en el lugar. Pedimos al Ministerio de Cultura que pudieran ingresar sin costo a Sacsayhuamán y otros sitios arqueológicos, como suele facilitarse a estudiantes del Cusco.

La respuesta fue simple: la exoneración corresponde únicamente a los cusqueños. Los jóvenes de Curahuasi debían pagar como cualquier turista, sin ninguna consideración especial.

No fue el dinero lo que se quedó dando vueltas en mi cabeza. Fue algo más desconcertante: descubrir que una línea trazada en un mapa administrativo se había impuesto, quizá sin que nadie lo decidiera con mala intención, sobre un territorio que durante siglos compartió un mismo horizonte cultural, espiritual y económico. Esos jóvenes no iban a visitar un país extraño. Iban a visitar la casa de sus propios ancestros. Y el papel les decía que no.

Una intuición de hace ocho años

Esa escena me devolvió a un video que grabé en 2017. Lo titulé Megaproyecto Salkantay. En aquel momento advertía algo que ya se veía venir: la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero dispararía el flujo de turistas hacia Cusco y Machu Picchu de manera acelerada, y si esa afluencia no se gestionaba con una mirada más amplia que la del propio Cusco, terminaría desbordando la capacidad de toda la región, tal como casi ocurrió en 2015, cuando la UNESCO estuvo a punto de cerrar Machu Picchu por el deterioro ambiental que producía el turismo masivo.

Propuse entonces descentralizar ese flujo hacia un espacio más amplio, articulado alrededor del nevado Salkantay y de los dos ríos principales que lo rodean.

El territorio empieza a confirmarlo

Han pasado ocho años, y algo interesante está ocurriendo sin que nadie lo haya planeado desde una visión conjunta: en Cachora, del lado apurimeño de ese mismo corredor, se inauguró hace pocas semanas un mirador que ya llaman la "Muralla China Andina". Sus vistas del cañón del Apurímac, de Choquequirao y del nevado Padreyoc han bastado para que reciba entre 150 y 200 visitantes al día, un flujo espontáneo, nacido del puro atractivo del paisaje.

Y, junto con ese éxito inesperado, aparecen ya las primeras limitaciones: el acceso todavía depende de una trocha y un tramo final a pie, los servicios turísticos son incipientes, la infraestructura no alcanza a sostener la afluencia que el propio lugar generó.

No creo que esas carencias sean un fracaso. Creo que son el síntoma de algo más esperanzador: el territorio ya está mostrando hacia dónde quiere crecer. Todavía no hemos terminado de escucharlo con la amplitud que merece.

Lo que en realidad estamos perdiendo

Al principio pensé que el problema, tanto en Sacsayhuamán como en Huayhuacalle, era económico: turismo mal distribuido, infraestructura insuficiente, oportunidades que tardan en llegar. Pero cuanto más lo pienso, más me convenzo de que la verdadera pérdida es otra, más silenciosa y más profunda.

No estamos perdiendo solamente turismo, ni competitividad, ni inversión.

Estamos perdiendo la capacidad de imaginar juntos un mismo futuro.

Un joven de Curahuasi que paga como turista para entrar a Sacsayhuamán no solo pierde unos soles. Recibe, sin que nadie se lo diga explícitamente, el mensaje de que esa historia no termina de pertenecerle del todo. Y un territorio cuya gente deja de sentir que un lugar sagrado también es suyo, empieza, poco a poco, a dejar de imaginarse un destino común con él.

El horizonte detrás de la piedra

Cuando pensamos en lo que logró integrar el Tahuantinsuyo —pueblos con lenguas, costumbres y dioses distintos, distribuidos en miles de kilómetros de geografía extrema—, es fácil quedarse en los caminos, en los depósitos, en la administración meticulosa. Toda esa ingeniería fue real y fue extraordinaria. Pero ninguna de esas cosas, por sí sola, explica por qué tantos pueblos tan diferentes aceptaron pertenecer a algo más grande que ellos mismos.

Lo que los integró fue algo menos visible que un camino de piedra: un relato compartido sobre el origen y el destino, con el Sol y sus descendientes en el centro. Un horizonte común que hacía que un pueblo de la costa y un pueblo de la puna sintieran que, a pesar de sus diferencias, avanzaban hacia el mismo lugar.

Hemos heredado los monumentos. Se nos ha ido olvidando, con el tiempo, el principio que les dio origen.

Y esto no es un llamado a idealizar aquel pasado, que tuvo también sus propias tensiones y jerarquías. Es una pregunta que sigue vigente: ¿qué es lo que realmente integra a un pueblo? No basta con administrarlo bien. Hace falta que se reconozca dentro de una misma historia.

Los síntomas de una misma fractura

Hoy, esa fractura se repite en forma de síntomas que parecen aislados, pero no lo son: un turismo que se concentra en un solo punto mientras el resto del corredor sobrevive de las migajas; una agroindustria con enorme potencial en los valles cercanos que jamás termina de despegar; minería ilegal que avanza precisamente donde no existe una visión regional capaz de ordenar el territorio; carreteras y proyectos pensados desde los límites de una provincia, no desde la lógica de una cuenca o un ecosistema.

La regionalización, en su momento, intentó ordenar todo esto por decreto, redibujando competencias y presupuestos. Quizá no fracasó únicamente por un problema institucional. Quizá intentó reorganizar un territorio antes de reconstruir el horizonte que debía darle sentido. Trazar límites nuevos no crea, por sí solo, un destino compartido.

Lo que la naturaleza ya sabe

Basta subir hasta el Salkantay para notar algo que nuestros mapas administrativos no logran ver. El nevado está flanqueado por dos ríos sagrados —el Willcamayu, que los españoles llamaron Vilcanota, y el Apurímac—, uno fecundando el Valle Sagrado, el otro tallando uno de los cañones más profundos del planeta. En la cosmovisión andina esa dualidad tiene un nombre, yanantin-masintin: fuerzas opuestas que, juntas, sostienen la vida.

Ese ecosistema no reconoce la frontera entre Cusco y Apurímac. Fluye desde las alturas del Cusco hacia los valles fértiles de la Convención sin pedirle permiso a ningún límite regional. Lo fragmentado no es el territorio. Somos nosotros, con nuestros mapas, quienes decidimos partirlo en dos.

Un territorio para el siglo que viene

Hay algo más en ese corredor que rara vez nombramos: pocos lugares del planeta permiten recorrer, en cuestión de horas, desde el nevado hasta la selva alta, atravesando media docena de pisos climáticos distintos. Esa diversidad altitudinal viene acompañada de numerosos riachuelos deagua que bajan de manera constante por decenas de quebradas, y de una biodiversidad que todavía no terminamos de inventariar.

Mientras buena parte del planeta empieza a enfrentar una escasez de agua cada vez más severa y un clima cada vez más extremo —una tendencia que ya reconocen ampliamente los especialistas, sin necesidad de exagerarla—, este corredor guarda algo que el siglo que viene probablemente empezará a valorar de otra manera: agua, diversidad de climas y un territorio todavía capaz de decidir cómo quiere crecer. Ya se insinúa en la franja que bordea Vilcabamba, donde empiezan a imaginarse los primeros asentamientos planificados que no buscan imponerse sobre la montaña, sino aprender a convivir con ella.

Un territorio en el año 2040

Imagina, por un momento, ese mismo territorio dentro de década y media.

Un tren de alta velocidad y autopistas modernas conectan Quillabamba, el Valle Sagrado, Cusco, Chinchero, Curahuasi, Abancay y Andahuaylas, mientras pequeños aeropuertos regionales reducen a minutos trayectos que hoy toman un día entero. Lo extraordinario no es la velocidad de los trenes. Es que esa conectividad terminó por borrar, psicológicamente, la frontera que un día le negó la entrada a un grupo de jóvenes. Nadie, al viajar, nota ya en qué momento cruzó de un departamento a otro.

A lo largo de la cordillera de Vilcabamba han empezado a levantarse las primeras ciudades andinas planificadas desde su origen para convivir con la montaña, no para destruirla. En Curahuasi y en el Valle Sagrado, institutos y universidades forman jóvenes en biodiversidad andina, agricultura regenerativa y agroindustria de alto valor, mientras equipos de investigación estudian corredores biológicos que ya nadie divide por provincia.

Del turismo al aprendizaje civilizatorio

Pero lo más profundo de esa escena no es la infraestructura. Es lo que empiezan a buscar quienes llegan hasta allí.

Los visitantes ya no viajan solamente para admirar Machu Picchu, Sacsayhuamán, Choquequirao o los paisajes del Salkantay. Viajan también para comprender cómo fue posible construir una civilización capaz de integrar territorios, ecosistemas y pueblos tan distintos entre sí.

Y los jóvenes del corredor —los mismos a quienes alguna vez les preguntaron si eran de Cusco o de Apurímac antes de dejarlos entrar— ya no son solamente guías turísticos. Se han convertido en intérpretes de un conocimiento civilizatorio: no solo explican qué construyeron sus antepasados, sino cómo pensaban, cómo integraban territorios tan diversos, cómo lograban que la naturaleza, la cultura y la comunidad funcionaran como una sola cosa.

El verdadero patrimonio que ese territorio entrega al futuro no serán solamente las piedras. Será la capacidad, recuperada, de comprender los principios que permitieron levantarlas —y de volver a aplicarlos.

En una feria de emprendimientos, un joven de La Convención presenta, junto a otro de Curahuasi y otro del Cusco, un proyecto que enseña justamente eso: cómo se piensa un territorio como una unidad. Nadie les pregunta de qué región son primero. Todos son, ante todo, gente del Apu Salkantay.

El nacimiento de una idea

A eso —no a un plan de infraestructura, no a un proyecto político, no a un documento técnico— es a lo que quiero empezar a llamar Visión Salkantay 2040.

Es, sencillamente, un horizonte compartido para un territorio que necesita volver a imaginarse como una unidad. Un horizonte que ninguna resolución administrativa puede otorgar, y que ninguna resolución administrativa puede tampoco arrebatar del todo, mientras haya gente dispuesta a seguir imaginándolo junta.

Lo que nos convoca

Ninguna gran transformación empieza con un decreto. Empieza cuando una comunidad vuelve a imaginar, en conjunto, un futuro que vale la pena construir. La integración, cuando ocurre de verdad, no aparece como una obligación impuesta desde arriba. Aparece como la consecuencia natural de compartir un mismo horizonte.

Una pregunta para ti

¿Qué futuro compartido has dejado de imaginar con las personas, la comunidad o el proyecto al que perteneces? ¿Qué cambiaría si ese horizonte volviera a hacerse visible?

Me encantaría leer tu respuesta.

Dos verdades bajo el mismo cielo

Mi padre me heredó el miedo a una sequía que mató de hambre a su gente. Un amigo del norte me mostró después que ese mismo cielo hacía florecer el desierto. Ninguno de los dos mentía: cada uno conocía solo una parte de la historia.

Desde hace algunas semanas, la presencia de pelícanos hambrientos en puertos y mercados de la costa peruana se ha convertido en una señal visible de lo que está ocurriendo bajo la superficie del mar. En Chimbote, numerosas aves han llegado hasta los muelles buscando alimento, y algunos vecinos se han organizado por su cuenta para alimentarlas antes de que mueran de inanición. Es una escena que ya vivimos en 1972, cuando pelícanos hambrientos llegaron hasta la Plaza Mayor de Lima. Se repite ahora, en 2026, porque el mar frente a nuestra costa se ha calentado varios grados, y la anchoveta —el alimento de estas aves— ha migrado hacia aguas más profundas y frías. Mientras la pesca de anchoveta enfrenta dificultades, pescadores y empresas observan también la llegada o mayor presencia de otras especies asociadas a aguas más cálidas.

Es una imagen dolorosa y real. No la voy a suavizar.

Y sin embargo, ese mismo tipo de alteración oceánica y atmosférica, durante episodios intensos como los de 1982-1983, 1997-1998 y el Niño Costero de 2017, ha contribuido a producir en el desierto de Sechura, novecientos kilómetros al norte, un fenómeno inverso: los ríos se desbordan, se forma una laguna temporal en pleno desierto, y familias enteras han armado campamentos para pescar durante semanas. No sé si ocurrirá exactamente así este año —los especialistas anticipan que la mayor intensidad de este episodio llegaría recién entre diciembre y marzo—, pero el patrón se ha presentado en varios episodios intensos, con la suficiente frecuencia como para que valga la pena preguntarnos qué significa.

El miedo que aprendí de niño

Yo aprendí a temerle a ese cielo mucho antes de saber su nombre científico. Mi padre me contaba, de niño, la historia de una sequía de tres años que había azotado nuestra tierra mucho antes de que yo naciera: una sequía tan devastadora que los campesinos morían de hambre, y algunos, desesperados, llegaban a ofrecer a sus propios hijos a cambio de un poco de comida.

Ese relato no se quedó como un dato del pasado. Se instaló en mí como un pánico oculto que no sabía explicar del todo, y que reaparecía cada cierto número de años, cuando las lluvias tardaban en llegar. Todavía puedo ver a los agricultores de Curahuasi, en los días cercanos a la Navidad, cruzando miradas cuando no había llovido, hablando del tema con una preocupación honda, casi como si se consolaran entre ellos con las pocas palabras que se decían. Eso mismo, de hecho, está ocurriendo ahora, mientras escribo esto.

Quiero ser preciso en algo: ese miedo no era una superstición. Era la memoria fiel de un hambre real, transmitida de generación en generación con toda su gravedad intacta. Mi padre no me mintió. Me entregó, con total honestidad, la parte del fenómeno que su tierra había sufrido, y yo crecí cargando esa parte como si fuera la totalidad de lo que ese cielo podía significar.

La historia que nunca me habían contado

Cuando llegué a Lima en la década de los noventa, un amigo procedente del norte me contó, con una naturalidad que a mí me desconcertó, cómo era ese mismo fenómeno visto desde su territorio. Me explicó que esas lluvias torrenciales, en la costa norte, convertían el desierto en un manto verde, y que la vida del mar se trasladaba hacia esas arenas áridas. Él ya intuía ahí una oportunidad de negocio —engorde de ganado, crianza de peces en las lagunas que se formaban—, aunque no sé si aquello llegó a concretarse alguna vez. Lo que sí puedo decir es que ese amigo veía cosas que yo no veía, y que era una persona próspera, con una lectura del entorno que a mí me resultaba casi ajena.

Lo primero que sentí, escuchándolo, fue curiosidad. Después, algo más difícil de nombrar: la posibilidad, apenas insinuada, de que aquello que yo llevaba toda mi vida temiendo tal vez no fuera únicamente una tragedia. No fue un alivio inmediato ni una revelación completa. Fue más bien la primera vez que consideré que quizás no había que temerle tanto a ese cielo. Después de años de cargar un miedo que ni siquiera había elegido, esa sola posibilidad —que hubiera algo más ahí, además del hambre— fue suficiente para desordenar algo que yo creía fijo.

El descubrimiento: dos historias verdaderas, ninguna completa

Durante años creí que debía elegir entre la historia de mi padre y la de mi amigo. Con el tiempo comprendí que ninguno estaba equivocado. Cada uno había recibido una parte verdadera de los efectos que estos desequilibrios pueden producir en territorios diferentes: déficit de lluvias en determinadas zonas andinas, precipitaciones extraordinarias en sectores de la costa norte. El problema no estaba en ninguno de los dos relatos. Estaba en que cada uno, por sí solo, se sentía como la historia completa.

Aprender a vivir en un territorio cambiante

Estudiando después con más cuidado el tema, aprendí que culturas como la Moche y la Chimú construyeron, en el desierto costero, los llamados "wachaques": chacras hundidas que aprovechaban el agua subterránea, creando pequeños oasis con microclimas propios, donde en algunos casos criaban peces en lagunas artificiales. No tengo evidencia de que hayan sido diseñados específicamente para aprovechar El Niño; lo que sí muestran es una capacidad de adaptación prolongada a un territorio árido y variable, sostenida generación tras generación.

Algo que amplía esta reflexión es lo que el antropólogo John Murra describió como "control vertical de pisos ecológicos": en determinados territorios andinos y en determinados periodos, ciertas comunidades desarrollaron formas de acceso a distintos pisos ecológicos —costa, valle, sierra, puna— mediante vínculos de parentesco y reciprocidad, que permitían complementar los recursos de una zona con los de otra. No fue un sistema único, uniforme, ni exclusivamente pensado como respuesta a El Niño. Pero apunta a algo que sigo encontrando valioso: la posibilidad de que la fortuna de un territorio y el infortunio de otro no sean, necesariamente, historias separadas, sino partes de una misma realidad que alguien decidió, en algún momento, empezar a tejer.

La fragmentación que seguimos repitiendo

Hoy seguimos contando estas historias por separado. Mientras los pelícanos mueren de hambre en la costa, en algún punto del norte la misma agua caliente probablemente esté beneficiando alguna otra actividad económica. Y sin embargo, actuamos frente a cada noticia como si no tuvieran relación entre sí, sin ningún puente —ni en la información, ni en la política, ni en nuestra propia manera de contarnos el fenómeno.

Lo que esto también dice de nosotros

Creo que a todos nos ha pasado alguna vez sostener, durante años, el recuerdo fiel de una experiencia dolorosa sin haber tenido nunca la oportunidad, o el valor, de ponerlo en diálogo con otra mirada que también fuera verdadera. No se trata de que esa otra mirada anule el dolor de la primera. Mi padre tenía razón en temer. Mi amigo también tenía razón en no temer tanto. Se trata de preguntarnos: ¿qué parte verdadera de mi historia he confundido, sin darme cuenta, con la historia completa?

Lo que nos convoca

No creo que la tarea que deja este Niño de 2026 sea diseñar, desde aquí, una política pública específica. Pero sí creo que la primera tarea es aprender a mirar el fenómeno como país: prepararnos para el daño sin negar la posibilidad de adaptación que también puede traer; atender al territorio que pierde sin aislarlo del que recibe; y reconocer que lo que ocurre en el mar, el desierto y la sierra pertenece a una misma realidad, aunque nuestras noticias y nuestras instituciones sigan tratándolo como si fueran mundos sin relación.

Una pregunta para ti

¿Hay algún miedo o recuerdo doloroso que durante años hayas vivido como la historia completa? ¿Qué podría cambiar en ti si hoy apareciera otra mirada, igualmente verdadera, capaz de ampliar esa historia? Me encantaría leer tu respuesta.

1990 y 2026: dos crisis, una misma pregunta que el Perú no ha respondido.

Keiko Fujimori asume el poder en un país tan fracturado como el que heredó su padre. Treinta y seis años después, entendí que gobernar bien la economía nunca fue suficiente.

El 28 de julio, en pleno aniversario patrio, Keiko Fujimori jurará como presidenta del Perú. Lo hará con un margen de apenas 49,641 votos sobre su contendor, el más estrecho que recuerda la historia electoral reciente del país. Casi la mitad del Perú votó por ella y la otra mitad por su opositor Roberto Sánchez. Es la primera mujer elegida por voto popular para gobernar esta república de más de dos siglos, y asume en medio de una crisis que combina delincuencia, terrorismo urbano, minería ilegal y una polarización que parte al país casi en dos mitades exactas.

No pude evitar sentir, con este hecho, un extraño déjà vu: ese apellido, ese peso histórico cayendo sobre alguien que yo vi crecer desde la sombra de su padre. Porque hay algo en este momento que me devuelve, con una nitidez que no esperaba, a julio de 1990.

Cuando llegué a Lima con un país en llamas

Tenía veintiocho años cuando aterricé en Lima, con una gran vocación política y dispuesto a ejercer mi carrera como abogado. No sospeché que estaba a punto de entrar, casi por accidente, en uno de los momentos más críticos de la historia republicana del Perú. Alberto Fujimori acababa de asumir la presidencia. El país que recibía era, literalmente, un país en llamas: una inflación que había cerrado el gobierno anterior por encima del 7,600% anual y que en agosto de ese año treparía hasta un pico histórico de más de 12,000%, mientras el terrorismo de Sendero Luminoso, ya instalado en buena parte del territorio, amenazaba con cercar la propia capital.

Fui asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, convocado por Luis Alberto Maraví Sáez, un hombre que se convertiría primero en mi mentor y después en mi socio profesional. Recuerdo con precisión el día en que me dijo que la única condición para trabajar con él era hacerlo por el Perú, especialmente por nuestros lugares de origen, tan postergados, ya que él era ayacuchano. En ese contexto, recuerdo también, con la misma nitidez, una reunión en Palacio de Gobierno donde conocí a Alberto Fujimori en persona, pocos días antes del ajuste que se conocería como el Fujishock. Lo vi escuchar, decidir rápido, y explicarle al Nuncio Apostólico —con quien yo había ido para gestionar un asunto legal— la magnitud de lo que se venía.

Ese ajuste macroeconómico fue obra de otras manos, mucho más arriba de donde yo estaba. Pero hay un terreno específico donde sí puedo reconocer mi propia huella, uno del que me siento genuinamente responsable: las telecomunicaciones.

Una reforma estructural de la que fui parte

Cuando empecé mis labores en ese ministerio, la situación era casi inconcebible para cualquiera que hoy tenga un celular en el bolsillo (hoy en día los teléfonos móviles superan al número de habitantes en nuestro país). En aquel momento, acceder a una línea telefónica era un privilegio: las listas de espera superaban los seis años y, en los avisos clasificados, una línea se vendía por más de tres mil dólares. La densidad telefónica del país apenas llegaba a 2.3 líneas por cada cien habitantes, muy por debajo del promedio internacional. La ley vigente consideraba las telecomunicaciones un recurso vinculado a la seguridad nacional, reservado exclusivamente al Estado, por lo que era administrado por dos monopolios: uno en Lima y Callao, y otro en el resto del país.

Recuerdo que, después de estudiar el tema, preparé un informe para Luis Alberto proponiendo un cambio radical de enfoque, y encontramos en el ministro Eduardo Toledo, y luego en Jaime Yoshiyama, la voluntad política para intentarlo. Se conformó un equipo interdisciplinario del que tuve el honor de ser secretario, y con el respaldo de juristas internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la OEA, además del apoyo del Banco Mundial, pasamos cerca de tres años reescribiendo por completo el marco legal del sector.

Lo que logramos fue tangible y medible: reemplazamos el fundamento de "seguridad nacional" por el de "servicio en favor del usuario", orientado a que más peruanos tuvieran acceso a mejores servicios y con tarifas asequibles; creamos un fondo, el FITEL, para llevar telecomunicaciones a las zonas donde el mercado nunca habría llegado por sí solo; terminamos con el monopolio estatal y abrimos el sector a la libre competencia; creamos OSIPTEL como organismo regulador independiente; y privatizamos las dos empresas estatales en lo que se consideró, en su momento, la operación más exitosa del siglo, por un valor de 2,200 millones de dólares. Ese modelo, además, terminó replicándose en energía, agua y transporte dentro del propio Perú, y en telecomunicaciones de más de una decena de países en América Latina, África, Asia y hasta en la Unión Europea.

Hay un detalle de esa historia que casi nadie conoce y que explica mejor que cualquier cifra por qué me involucré con tanta entrega. En esos años, para hablar con mi padre en Curahuasi, tenía que llamar a una telefonista que atendía con un teléfono de manivela en la municipalidad, dejar un recado, esperar que le avisaran, y confiar en que él pudiera esperar horas junto al aparato hasta que mi llamada, entre gritos e interferencias, finalmente entrara. Cada reforma que impulsábamos en esas oficinas de Lima tenía, en el fondo, el rostro de mi propio padre esperando una llamada que tardaba en llegar. Ese fue, siempre lo he sabido, el combustible más honesto detrás de mi trabajo técnico-jurídico.

El retorno de una misma pregunta

Podría pensarse que ahí termina la historia: un país que se ordena con reformas bien diseñadas. Pero la vida me llevó, veinte años más tarde, a comprobar que el problema no estaba resuelto del todo.

Durante el segundo gobierno de Alan García, fui convocado al directorio de Electro Sur Este, la empresa que llevaba electricidad a Cusco, Apurímac y Madre de Dios. Fue un trabajo del que me siento genuinamente orgulloso: contribuimos decisivamente a que más de tres millones doscientos mil peruanos accedieran por primera vez a la luz eléctrica, en once mil doscientos pueblos. Encender una bombilla, igual que descolgar un teléfono, parece un gesto pequeño, pero para esas familias significó una puerta a la educación, a la salud, a la dignidad.

Sin embargo, mientras celebrábamos esos números, me sorprendió algo: la falta de reconocimiento generalizado hacia esa gestión. No era que la gente no valorara este servicio domiciliario fundamental. Había otra cosa, más difícil de nombrar, que determinaba esa falta de reconocimiento y que convertía en frustrante el logro. Ahí volvió a mí una pregunta que ya me había perseguido antes: ¿Qué es aquello que falta hacer para que estas personas perciban los beneficios y se genere un círculo virtuoso de desarrollo y visión conjunta de país? El progreso material de aquel gobierno fue real, cuantificable, importante, igual que lo fue la reforma de telecomunicaciones. Pero pareció no tocar algo más hondo en la conciencia colectiva de la gente.

Lo que se construye y lo que se siente por dentro

Con los años entendí que un país —igual que una persona— no se gobierna en una sola dimensión. Hay, al menos, cuatro capas que necesitan atención simultánea, no sucesiva.

Está lo que se construye: la economía, las carreteras, los aeropuertos, la minería formal, la energía, las telecomunicaciones, las leyes. Es lo que se mide, lo que aparece en los indicadores, lo que hoy hace que el Perú tenga una macroeconomía envidiable en la región. Nadie debería subestimar esto ni renunciar a ello: es la base sin la cual nada más es sostenible, y es, además, el terreno donde yo mismo puse mi mayor esfuerzo hace treinta y seis años.

Está también lo que se vive en el cuerpo: la salud, la educación, el agua, la electricidad, el teléfono, las condiciones concretas de cada persona en cada territorio. No basta con que el país crezca; hace falta que ese crecimiento se sienta en la vida diaria de cada familia, como se sintió cuando mi padre pudo, por fin, descolgar un teléfono sin esperar horas.

Está lo que nos une: el relato compartido, los valores comunes, el sentido de pertenecer a un mismo país más allá de quién ganó la última elección. Y esto es precisamente lo que hoy está roto.

Y está, por último, lo que se siente por dentro: si una persona se siente reconocida, respetada, tomada en cuenta, no solo como beneficiaria de una obra muchas veces decidida por otros, sino como parte activa de la construcción del país. Esta es, casi siempre, la dimensión olvidada.

Fujimori en 1990 y García en su segundo gobierno acertaron con fuerza en la primera capa, y en parte en la segunda. Fue necesario, fue un logro real del que formé parte con orgullo. Pero ninguno de los dos gobernó las otras dos con la misma intensidad. Y esa deuda, treinta y seis años después, sigue impaga.

Lo que se dice en el corazón de la sierra

En los últimos tiempos, he conversado sostenidamente con agricultores, taxistas y personas con distintos oficios, ubicados entre Cusco y Apurímac. A mi pregunta «¿Por qué vas a votar por el sombrero?», ellos han respondido unánimemente: «Porque es alguien como yo». No distinguen quién es el candidato, no les interesa la gestión ni el plan de gobierno. Hablaban de otra cosa: de la sensación, acumulada durante generaciones, de no ser reconocidos por quienes gobiernan desde Lima. Esa frase, repetida en boca de gente muy distinta, es la evidencia viva de lo que este artículo intenta nombrar.

Ese es exactamente el territorio pendiente. Y no se resuelve con una obra más, por necesaria que sea. Tampoco se resuelve indultando a Pedro Castillo, porque si bien él los representa, tiene también su propia agenda, que no necesariamente coincide con la de este sector del país. Se resuelve con gestos y actos más concretos y sostenidos: escuchar de verdad, no como trámite sino como mecanismo que efectivamente modifica decisiones; hacer presencia sin condescendencia, quedarse a conversar y no solo a inaugurar; nombrar sin rodeos el agravio histórico que ese Perú ha sentido, en lugar de tratarlo como un problema de comunicación; y que los rostros que ocupan los cargos de decisión también comuniquen que alguien parecido a esa gente tiene un lugar real en el poder, no solo en el discurso de campaña.

Los antiguos kuraqs o curacas, esos líderes andinos que estudié buscando comprender mi propia tierra, no elegían entre gobernar la cosecha o gobernar el alma de su comunidad. Eran, a la vez, administradores, consejeros, sacerdotes y, cuando hacía falta, guerreros. Gobernaban las cuatro capas a la vez, porque sabían que separarlas era condenar a su pueblo a la fragmentación.

Lo que le toca ahora

No creo que Keiko Fujimori tenga que elegir entre sostener el legado económico de su padre o atender la herida abierta de la mitad del país que no votó por ella. Creo que esa es una falsa disyuntiva, la misma que ya cometieron, cada uno a su manera, tanto su padre como Alan García. La huella que puede dejar —si es que quiere dejar una distinta— no está solo en construir más, sino en construir y, al mismo tiempo, integrar. En sostener los indicadores y, a la vez, sentarse a escuchar sin cámaras a quien la ve como una extraña.

Una pregunta para ti

Yo la aprendí a mi manera, reformando un sistema telefónico y electrificando pueblos que, después de todo, seguían sintiéndose no atendidos. Por eso te pregunto:

¿Alguna vez resolviste bien un problema para alguien —en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad— y aun así sentiste que esa persona seguía sin sentirse atendida por ti? ¿Qué fue lo que la solución no alcanzó a tocar, y qué habría hecho falta para que sí se sintiera reconocida?

Me encantaría leer tu respuesta.