La reforma de los noventa se financió con capital privado y puso al usuario en el centro. La ley de IA tiene otro destinatario.
El 10 de septiembre de 2026 venció el primer plazo del Reglamento de la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley 31814. Desde esa fecha, las empresas privadas que desarrollan o usan IA en salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas deben informar a sus usuarios para qué sirve el sistema y qué decisiones puede tomar, identificar los contenidos generados con IA y, si el sistema es de alto riesgo, permitir que una persona lo supervise y lo corrija. Son obligaciones de prevención que cada empresa debe cumplir y poder demostrar. El Estado no otorga una autorización previa general ni lleva un registro público de sistemas.
Leí la noticia con la memoria puesta en otro Perú. A comienzos de los noventa trabajaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y participé en el equipo que, durante cerca de tres años, modernizó el marco jurídico de las telecomunicaciones. Quien quería una línea telefónica esperaba más de seis años, y en los clasificados se ofrecían por más de tres mil dólares. La ley de entonces consideraba las telecomunicaciones un recurso de seguridad nacional, y dos empresas del Estado tenían el monopolio de administrarlas.
Cuando la ley preguntó a quién servía
Cambiamos la pregunta. Dejamos de preguntar cómo custodiar un recurso estratégico y empezamos a preguntar a quién debía servir. Respondimos con una ley que convirtió las telecomunicaciones en un servicio público al servicio del usuario, y creó un regulador, OSIPTEL, encargado de velar por su satisfacción y de resolver sus reclamos. El régimen fue mixto: telefonía fija bajo concesión y reglas estrictas, e Internet con reglas de acceso mucho más ligeras, para dejarlo nacer y crecer sin estorbos.
El Estado no puso el dinero. Telefónica ganó la subasta de Entel y CPT en 1994 con una oferta de 2,002 millones de dólares, cuatro veces el precio base, y se comprometió a invertir casi tanto como pagó. El fondo que lleva servicios adonde el mercado no llega, FITEL, se alimenta de aportes de los propios operadores, y los operadores siguen invirtiendo con su propio capital. La revolución tecnológica de los noventa no la pagó el Tesoro Público: le dejó ingresos.
El efecto inmediato se midió en seis años: de 52 mil líneas móviles en 1994 a 1.3 millones en el año 2000. Lo que vino después lo sumaron las décadas siguientes, con la portabilidad numérica desde 2010 y la llegada de nuevos competidores en 2014. Hoy hay más de 42 millones de líneas móviles en servicio, y a fines de 2024 el 99.5 % de los hogares tenía al menos un servicio de telecomunicaciones.
Esa conectividad viajó con la economía. Las telecomunicaciones no explican por sí solas el crecimiento de esas décadas, y marcharon con él. Un estudio peruano sobre 2000–2021 encontró una correlación positiva entre inversión en telecomunicaciones y PBI, y el Banco Mundial estimó en 2010 que, en países de ingreso medio-bajo, cada diez puntos más de penetración de banda ancha aceleraban el crecimiento en 1.38 puntos. Entre quienes llevaron el servicio a los pueblos estuvieron cientos de pequeños operadores de cable, que sumaron televisión e internet donde las grandes empresas no habían llegado, y con ellos empleo local.
A quién sirve la ley de IA
Con esa experiencia hice a la ley de IA la misma pregunta de entonces: ¿a quién está dirigida? La Ley 31814 promueve el uso de la IA para el desarrollo económico y social, declara de interés nacional su fomento y designa a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM como autoridad. Busqué en sus artículos derechos que los usuarios puedan exigir y un mecanismo de reclamo, y encontré un ciudadano que figura como beneficiario de la política y ni siquiera como titular de derechos.
El Reglamento añade obligaciones, y las dirige a las entidades públicas y a quienes desarrollan o implementan sistemas. Al usuario le reconoce que se le informe antes de usar un sistema de alto riesgo y que se le explique el resultado cuando la decisión afecte derechos humanos. Si se siente perjudicado, puede alertar a la PCM o denunciar ante INDECOPI, la autoridad de protección de datos u otra entidad competente. El reclamo individual ante una autoridad que resuelva su caso, el derecho expreso a no ser objeto de decisiones automatizadas y una regla específica de reparación no aparecen en el texto. OSIPTEL nació para hacer justamente eso con los usuarios de telecomunicaciones.
Así leo el objeto jurídico: apunta al Estado que supervisa y a la empresa que debe demostrar que cumple. El usuario es el motivo de la norma, y la norma lo deja de espectador. A quien crea tecnología le ofrece laboratorios, un entorno de pruebas y acceso a computación en la nube, sin metas ni montos que yo haya podido encontrar.
Lo que no cuesta presupuesto
Mi primera conclusión fue que falta presupuesto, y la experiencia de los noventa la corrige. Aquella revolución la financiaron los inversionistas, atraídos por reglas claras. Lo que el Estado puso fueron reglas estables, competencia, un regulador con mandato claro y una razón para que el capital viniera. La pregunta pendiente en IA se formula igual: qué razón se le ofrece hoy a quien quiera invertir, investigar o emprender en el Perú.
El Índice Latinoamericano de IA de 2024 ubicó al Perú en el octavo lugar de la región, con un gasto en investigación y desarrollo de 0.17 % del PIB y una inversión privada en IA casi nula. El talento avanzado, el que crea tecnología y no solo la usa, aparece como el eslabón más débil.
Los países que aspiran a tecnología propia toman caminos distintos. India destinó a su misión de IA 10,372 crore de rupias, más de mil millones de dólares, y puso más de 38 mil GPUs al alcance de startups y universidades. Corea del Sur puso en vigor una ley básica cuyo enfoque declarado es impulsar la industria con la regulación mínima necesaria. La Unión Europea, pionera en regular, acordó postergar a diciembre de 2027 las obligaciones de los sistemas de alto riesgo.
El Perú puede empezar sin copiar el gasto de la India. Necesita reglas que hagan rentable invertir y fácil emprender. La IA tiene una diferencia que conviene reconocer: no hay empresas estatales que vender para atraer ese capital, y el equivalente tendrá que construirse de otra manera. Lo vivido en los noventa ilumina la pregunta, y la respuesta le corresponde al país de hoy.
La pregunta pendiente
La paradoja que quiero nombrar es esta. En los noventa el Perú tenía poco y su ley atrajo mucho, porque tenía un destinatario claro y una promesa para quien invirtiera. Hoy el Perú tiene una ley de IA con calendario ordenado y un destinatario que es el propio Estado, y falta decidir qué promete y a quién.
Dentro de diez años, ¿qué tendría que decir la ley de IA desde hoy para que un sistema creado por peruanos esté ayudando en una chacra de Apurímac, en una escuela rural de Cusco o en un hospital regional? Y cuando tú, como usuario, sientas que una máquina decidió algo injusto sobre ti, ¿a quién deberías poder reclamarle, y en qué plazo?