¿Qué queda después de la campaña?

Los últimos meses, cada vez que voy a Curahuasi, me encuentro con algo que no recordaba con esta intensidad: banderolas cubriendo fachadas enteras, caravanas de camionetas recorriendo los caminos entre comunidades, música y artistas contratados para animar mítines, un despliegue que, comparado con lo que he visto en campañas anteriores, resulta llamativo. Faltan pocas semanas para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre, y el ambiente ya lo anuncia con fuerza.

No tengo cifras exactas de cuánto cuesta cada caravana, cada tanda de banderolas, cada contrato de sonido y escenario, y no voy a inventarlas. Pero basta con observar para hacerse una pregunta simple: ¿cuánto dinero se está movilizando en esta campaña, quién lo está aportando, y qué espera esa persona o esa empresa a cambio? No hace falta acusar a nadie en particular para notar que existe una distancia considerable entre el costo aparente de estos despliegues, la duración de un mandato municipal, y lo que gana quien finalmente ocupe ese cargo.

Esa distancia me hizo volver a un texto que hace años no releía: la Ley de Organizaciones Políticas. Ahí, en su artículo segundo, aparecen los fines que se supone deben cumplir los partidos: representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, formular ideas y programas para el desarrollo del país, contribuir a la educación cívica y democrática, y —recién en un lugar más adelante de la lista— participar en procesos electorales y contribuir a la gobernabilidad. Participar en elecciones es apenas una de varias finalidades, no la única, y mucho menos la que agota el sentido de existir de un partido.

Y sin embargo, mirando el despliegue en las calles de Curahuasi, es difícil no preguntarse qué ocurre cuando una organización concebida para representar, formar y proponer termina funcionando, en la práctica, casi exclusivamente como vehículo de una candidatura particular. No digo que competir por el poder sea algo indebido: es, de hecho, una función legítima y necesaria de cualquier partido. Lo que me inquieta es que esa única función pueda terminar absorbiendo a todas las demás, hasta que la organización deje de representar intereses colectivos y empiece a existir, sobre todo, para sostener a alguien en particular.

No quiero ser ingenuo sobre lo que hay detrás de esa distancia entre gasto y sueldo. Un aporte a una campaña, por sí solo, no es corrupción; ocurre en cualquier democracia y está reconocido por la propia ley. Una campaña costosa tampoco demuestra, por sí misma, financiamiento ilícito. Pero sí vale la pena preguntarse qué compromisos, qué dependencias, qué expectativas de trato preferente pueden generarse cuando alguien financia con generosidad la llegada de otra persona al poder, y qué ocurre después, cuando esa misma persona tiene que decidir sobre presupuestos, obras, contrataciones, autorizaciones. La captura de una decisión pública no siempre empieza con un sobre de dinero entregado en un despacho municipal. A veces empieza mucho antes, en la manera en que se financió el camino hasta llegar ahí.

En Curahuasi, además, existe una preocupación territorial que no puedo dejar de mencionar: la minería informal e ilegal, que sigue presionando sobre el valle y sus comunidades. No tengo ninguna evidencia de que esté financiando las campañas que veo pasar por las calles del pueblo, y no voy a insinuarlo sin pruebas. La menciono porque es una razón adicional, no la única, para exigir transparencia sobre qué intereses buscan influir en las decisiones públicas de un territorio como el nuestro.

Existen, por supuesto, mecanismos de control: los candidatos deben declarar ingresos y gastos de campaña, hay procedimientos de fiscalización, sanciones previstas. No voy a decir que esos mecanismos hayan fracasado en Curahuasi, porque no cuento con una evaluación documentada de su desempeño real. La pregunta que me parece más honesta es otra: ¿esos mecanismos formales le permiten hoy a un ciudadano común conocer, con información accesible y a tiempo, cuánto cuesta realmente lo que ve pasar frente a su casa, incluyendo lo que se aporta en bienes y servicios y no solo en dinero contante? Sospecho que la respuesta, en la mayoría de los casos, sigue siendo no.

Todo esto me devuelve a la pregunta que dejé abierta en el artículo anterior: ¿y si tener más inversión no fuera suficiente? Ahora entiendo que esa pregunta tenía una segunda parte que todavía no había explorado. La inversión necesita proyectos. Los proyectos necesitan decisiones. Y las decisiones necesitan instituciones capaces de responder al interés público, no a quien pagó más por llegar hasta ellas. Podemos seguir atrayendo inversión, aumentando presupuestos, anunciando obras, y aun así ver debilitada, año tras año, la posibilidad de sostener una visión territorial de veinte o treinta años, simplemente porque quienes deciden están condicionados por compromisos que nunca se hicieron públicos.

¿Qué queda, entonces, cuando uno mira esto de frente sin caer en el fatalismo?

Quedan los ciudadanos. Quedan las comunidades campesinas, las instituciones educativas, las organizaciones productivas, las empresas, la Cámara de Comercio, y esa capacidad de articulación que un territorio puede seguir construyendo incluso cuando termina una campaña y cambian las autoridades. La sociedad no tiene por qué limitarse a esperar que una elección, por sí sola, produzca todas las condiciones necesarias para el desarrollo. Puede organizarse para identificar prioridades, impulsar proyectos concretos, vigilar el uso de los recursos, y sostener acuerdos que sobrevivan a quien gane o pierda en octubre. Nada de esto significa prescindir de los partidos, ni reemplazar a las autoridades legítimamente elegidas, ni entregarle las decisiones públicas a las empresas privadas. Significa, simplemente, fortalecer la capacidad de acción colectiva que existe por fuera del ciclo electoral.

Aquí tenemos ya un par de antecedentes concretos que muestran que esto no es solo un deseo. En marzo de 2025, la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca firmó un convenio con ProInversión para promover la participación de sus empresas asociadas en proyectos de Obras por Impuestos, y desde entonces esa región ha ejecutado decenas de proyectos bajo ese mecanismo, con asistencia técnica gratuita del propio Estado. Y en Curahuasi, según me han informado, la municipalidad habría priorizado en marzo de este año un proyecto bajo esa misma modalidad —aunque no he podido confirmar con una fuente independiente los detalles exactos de esa priorización, y quiero ser honesto en señalarlo. En cualquier caso, la modalidad existe, y su lógica es clara: permite que una empresa ejecute una obra pública y compense esa inversión contra su impuesto a la renta, bajo la supervisión del Estado.

Lo que imagino para Curahuasi no es simplemente "usar" ese mecanismo. Es algo más amplio: una alianza territorial capaz de identificar una cartera de proyectos verdaderamente prioritarios para la población, convocar a las empresas interesadas en participar, buscar asistencia técnica cuando haga falta, y hacer seguimiento público a cada compromiso asumido. En esa alianza, la Cámara de Comercio puede articular y promover; las empresas pueden participar según lo que la ley permite; la municipalidad conserva, sin ceder, sus competencias y responsabilidades; y la ciudadanía participa y vigila, con información abierta sobre quién propone qué, quién financia qué, y qué conflictos de interés podrían estar en juego. Sin esa transparencia, cualquier alianza de este tipo corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de captura, distinta en apariencia pero igual de dañina en el fondo.

El futuro de un territorio como Curahuasi no puede empezar de cero cada cuatro años. La elección de octubre importa, y mucho; pero una visión de veinte o treinta años solo puede sostenerse sobre organizaciones, acuerdos y proyectos capaces de seguir en pie más allá de quién gane o pierda esta vez.

Cuando termine la campaña, cuando las banderolas se retiren de las fachadas y las caravanas dejen de recorrer los caminos, me pregunto qué organizaciones, qué acuerdos y qué proyectos seguirán ahí, trabajando en silencio, por el Curahuasi que de verdad queremos construir.

Una pregunta para ti

¿Qué organizaciones o acuerdos de tu propia comunidad han sobrevivido a los cambios de autoridad, y cuáles se disolvieron apenas terminó la elección que les dio origen?

Me encantaría leer tu respuesta.